El aumento de la inflación, particularmente de los bienes que conforman las canastas que se utilizan para medir la indigencia y la pobreza, hace que cada vez resulte más difícil llegar a fin de mes. ¿A qué se debe y qué consecuencias trae?
Según estimaciones del INDEC, la inflación acumulada en lo que va del año es del 140%. En el mismo periodo, algunos de los rubros que más aumentaron fueron:
- Alimentos y bebidas: 153,8%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 152,1%
- Salud: 134,7%
- Educación: 126,5%
- Vestimenta y calzado: 127,1%
Esta escalada de los precios y, en particular de los alimentos, ayuda a entender por qué en el mismo período la canasta básica aumentó más que la inflación. La suba de precios de estos bienes de consumo básico afecta directamente a la línea de la pobreza, que representa el gasto mínimo de un hogar promedio para no ser considerado pobre. En efecto, en lo que va del año la canasta básica acumuló un aumento del 158,6%.
Los datos muestran que el costo de vida sigue aumentando y lo viene haciendo a un ritmo mucho mayor que los salarios, que acumulan una notable pérdida de su poder adquisitivo.
Fuente: IDESA en base a INDEC
Los trabajadores registrados perdieron cerca de un 10% de su poder de compra. La situación fue mucho más grave en el caso de los trabajadores informales o “en negro”, estos perdieron aproximadamente el 44% de su poder adquisitivo en lo que va del año. Lo anterior indica que los trabajadores informales pudieron comprar apenas un poco más de la mitad de la canasta básica que consumían a principios de 2023. Frente a esta realidad, la pobreza va a seguir aumentando.
Si bien la inflación flagela a toda la población, el impacto no es el mismo para todos. Esto se explica por el hecho de que las personas de menores ingresos destinan la mayor parte de sus ingresos a los alimentos y gastos básicos, mientras que las que tienen mayores ingresos pueden invertir sus ahorros en instrumentos que en alguna medida los protegen de la inflación.
Históricamente, en Argentina la educación pública actuaba como un nivelador del campo de juego permitiendo que las personas de menores ingresos se desarrollaran y pudieran acceder a más y mejores empleos. Junto con la salud pública y la vivienda, la educación ocupaba un rol fundamental en la “movilidad social”. En la actualidad, el deterioro general de la calidad de estos servicios priva a las personas más pobres de ascender socialmente, y más aún en un contexto de alta inflación.
La combinación de estos dos efectos, caída de los salarios y deterioro en la provisión de bienes y servicios públicos, actúan simultáneamente deteriorando el acceso de las personas a los bienes y servicios básicos. Por un lado, la inflación va erosionando los salarios de los trabajadores, a los que se les hace cada vez más difícil llegar a fin de mes, y por el otro, el deterioro de los servicios públicos profundiza la pobreza, privando a una gran parte de la población de la posibilidad de salir adelante.
¿Cuál ha sido la causa que nos ha llevado hasta este punto?
La principal causa de la pérdida de poder adquisitivo es la inflación, que tiene su origen en el persistente déficit fiscal. Hace décadas que el Estado gasta más de lo que recauda (y lo hace mal). Sin financiamiento externo, tuvo que recurrir a emitir dinero para hacer frente a sus obligaciones.
Para regular la cantidad de pesos que circulan en la economía y evitar que el exceso de emisión se traslade al dólar y a los precios, el gobierno recurrió a las Leliqs. El objetivo es “sacar el dinero de la calle”. El problema es que el Banco Central debe pagar un interés a los tenedores de estas letras -los bancos- y lo hace imprimiendo más dinero, lo que se traduce en más inflación. En el transcurso, mientras la inflación va erosionando el salario de los trabajadores y los beneficios sociales, debe emitir más dinero para paliar la situación de los más afectados. Esto no hace más que alimentar la espiral inflacionaria actual.
En segundo lugar, hay un abandono en la gestión de los servicios públicos que brinda el Estado. El deterioro de los servicios esenciales como la educación y la salud puede convertirse en un obstáculo para el progreso social y económico a largo plazo y tener consecuencias significativas en la calidad de vida de la población.
La calidad de estos servicios básicos, es fundamental para la movilidad social. La falta de acceso a una educación de calidad y a servicios de salud adecuados puede dificultar que las personas salgan de la pobreza, ya que estas son herramientas clave para el desarrollo personal y profesional. Esto puede afectar la productividad económica y la capacidad de desarrollo sostenible
El deterioro general de los bienes y servicios que brinda el Estado no escapa de otros aspectos fundamentales como lo son la seguridad, cloacas, gas de red y agua potable.
Todos estos elementos hacen que las familias deban destinar parte de sus -deteriorados- ingresos a servicios privados y que las personas de bajos ingresos -que no tienen otra opción- deban acceder a servicios de mala calidad. De esta manera, se profundiza la pobreza y salir de ella es casi imposible.
En resumen, el abandono en la gestión de los servicios públicos es un problema multifacético que requiere atención y acción inmediata para salvaguardar el bienestar y el futuro de la población.
Si la inflación persiste sin control, puede generar un ciclo de pobreza, donde aquellos que están en situaciones financieras precarias tienen dificultades para mantener su calidad de vida, lo que a su vez contribuye a la perpetuación de la pobreza.
¿Cuál es la salida de esta circunstancia?
Para lograr reducir la inflación, que erosiona el poder adquisitivo de las familias, lo primero que debe atenderse es el déficit fiscal. Este desequilibrio debe dejar de traducirse en mayor emisión monetaria. Pero esto no implica, para nada, agarrar el lápiz rojo y ajustar desmedidamente el gasto del Estado. La reducción de la inflación y la estabilización económica requieren un enfoque equilibrado y coordinado que aborde tanto el déficit fiscal como la emisión monetaria, sin comprometer de manera desmedida los servicios esenciales proporcionados por el Estado.
Lo que se necesita para tener las cuentas públicas equilibradas de manera sostenida es un ordenamiento integral del Estado.
- Ordenamiento Tributario:
Unificación de Impuestos: Simplificar y unificar el sistema tributario puede reducir la complejidad y mejorar la eficiencia en la recaudación. Sin embargo, es importante considerar la equidad y la capacidad contributiva al realizar cambios en el sistema tributario.
- Autofinanciamiento de Provincias:
Eliminación del Esquema de Coparticipación: Revisar y modificar el esquema de coparticipación puede ser un paso importante para mejorar la autonomía financiera de las provincias. Esto puede ayudar a que las regiones tengan mayores recursos para gestionar sus necesidades locales.
- Mejora del Sistema Previsional:
Optimización del Gasto en Pensiones: Abordar la sostenibilidad del sistema previsional es esencial, ya que representa una parte significativa del gasto público. Esto podría implicar ajustes en la edad de jubilación, revisión de beneficios y medidas para aumentar la eficiencia en la gestión de los fondos.
- Ordenamiento Funcional del Estado:
Descentralización y Autonomía Local: Permitir mayor autonomía a nivel provincial y municipal puede conducir a una gestión más eficiente y adaptada a las necesidades locales. La descentralización puede mejorar la toma de decisiones y la asignación de recursos.
- Evitar Interferencias Nacionales en lo Local:
Claridad en Roles y Responsabilidades: Establecer claramente los roles y responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno puede reducir la interferencia indebida y mejorar la eficacia de las administraciones locales.
- Enfoque Holístico:
Integración de Medidas: Es importante considerar estas propuestas de manera integral, ya que cambios en un área pueden tener repercusiones en otras. Un enfoque holístico puede minimizar posibles impactos negativos y mejorar la eficiencia global del Estado.
- Participación Ciudadana:
Inclusión de la Sociedad Civil: La participación activa de la sociedad civil en el diseño y supervisión de estas reformas puede mejorar la legitimidad y la implementación exitosa de las medidas propuestas.
Es fundamental recordar que la implementación de cambios estructurales a menudo implica desafíos políticos y sociales, y se debe buscar un equilibrio que garantice la eficiencia y la equidad en la gestión de los recursos públicos.
De esta forma, el Estado estará en condiciones de generar mayor estabilidad, permitiendo la reducción de la inflación y la recuperación de los salarios, así como la oferta de mejores servicios públicos para que cada vez más personas puedan salir de la pobreza.
Fuente: LP CONSULTING