El nuevo gobierno se enfrenta a un desafío apremiante con el manejo del volumen de los pasivos remunerados del Banco Central. No obstante, desmontar esta situación podría convertirse en una decisión significativamente costosa sin el respaldo de la confianza y la disposición de la población para retener pesos.
En Argentina, durante más de medio siglo, los diferentes gobiernos han incurrido en gastos que exceden sus recursos disponibles, enfrentando la falta de ingresos a través de la emisión monetaria o el endeudamiento. La clave para reducir la inflación reside en que los ciudadanos acepten los pesos, convencidos de la disminución del déficit fiscal. Sin embargo, ante seis décadas de déficits sistemáticos y la persistente financiación mediante la emisión, los argentinos suelen rechazar los pesos, generando presiones en el tipo de cambio y los precios.
Aumento de moneda, Leliq, pases y … el déficit fiscal
En % PBI
Fuente: IDESA en base a BCRA
¿En qué medida es imperativa la solución?
Determinar la urgencia del problema en el contexto de la situación fiscal en Argentina requiere un análisis detallado y actualizado. Factores como la magnitud del déficit fiscal, el nivel de inflación, las presiones en el tipo de cambio y otros indicadores económicos son elementos clave para evaluar la urgencia de la situación.
Sin embargo, una estrategia para mitigar los efectos inflacionarios derivados de la emisión excesiva es retirar pesos de la economía mediante el uso de los pasivos remunerados del Banco Central. Estos instrumentos incentivan a los bancos comerciales a invertir el dinero captado por los depósitos de las personas en títulos de deuda emitidos por el BCRA.
Estos pasivos se dividen principalmente en dos instrumentos. Por un lado, se encuentran las Letras de Liquidez, conocidas como Leliq, que son deudas emitidas a 28 días de plazo y utilizadas como garantías de pago con los bancos comerciales. Por otro lado, están los pases pasivos, que funcionan de manera similar pero con deuda a 1 día de plazo.
Ambas herramientas permiten al Banco Central retirar de circulación la emisión excedente, disminuyendo su impacto inflacionario, en una operación conocida como “esterilizar”. En este proceso, el dinero sigue siendo propiedad de la población, pero los bancos, en lugar de prestarlo a familias o empresas, lo “prestan” al Banco Central.
No obstante, esta operación no es gratuita, ya que implica el pago de intereses a los bancos. A medida que se emiten más Leliq o pases, los intereses por pagar aumentan, sumándose a la emisión monetaria necesaria para financiar el déficit fiscal, resultando en una mayor emisión de pesos.
Para el nuevo gobierno, los pasivos remunerados del Banco Central representan uno de los desafíos más apremiantes, ya que se acumula un pasivo que supera tres veces la cantidad de dinero en circulación, alcanzando más de 24 billones de pesos. Aproximadamente, 1 de cada 4 pesos emitidos está en manos de la población, mientras que los restantes han sido rescatados por el Banco Central mediante algunos de estos pasivos, los cuales devengan intereses. Un aspecto que agrava esta situación alarmante es que, desde las elecciones primarias (Paso) y con mayor énfasis en la segunda vuelta electoral, los bancos han buscado reducir los plazos en los que mantienen estos instrumentos, convirtiendo las Leliq en Pases Pasivos. En las Paso, el 73% de los pasivos del Banco Central eran Leliq, y hoy solo constituyen un 27%, mientras que los pases representan el 73%. Sin embargo, el problema que generan ambas herramientas es el mismo, ya que continúan reprimiendo la inflación.
Fuente: IDESA en base a BCRA
Si las Letras de Liquidez (Leliq) y los pases pasivos se transformaran inmediatamente en dinero en circulación, sería lógico esperar un significativo aumento en la inflación. Si se liberara toda esa liquidez de manera abrupta, podría desencadenar un aumento masivo en la oferta de dinero, lo que, en condiciones normales, estaría asociado con una escalada en los niveles de inflación.
Además, este escenario también podría exponer la inflación reprimida que el gobierno saliente no ha exteriorizado completamente. La hiperinflación, caracterizada por tasas extremadamente altas de inflación, podría ser una consecuencia extrema en este contexto.
En la gestión económica, la transición cuidadosa y planificada de estos instrumentos financieros es crucial para evitar impactos negativos en la estabilidad económica, como lo es la tan temida hiperinflación.
Desarmar la “bomba” de las leliqs
Desmontar de manera no traumática la enorme bola de pesos que representan los pasivos del Banco Central requiere aumentar la confianza de la población. Si esto sucede, la demanda de dinero por parte de los argentinos podría aumentar, y en ese caso, la inflación no se dispararía descontroladamente debido al incremento de pesos en circulación.
Sin embargo, en el contexto de la historia argentina, lograr esto será posible únicamente si las personas perciben que los desequilibrios fiscales se están resolviendo y que el nuevo gobierno está sinceramente comprometido con la consecución de un equilibrio fiscal sostenible.
El término “equilibrio fiscal sostenible” se refiere a una situación en la cual los ingresos y gastos del gobierno están en armonía a lo largo del tiempo, de manera que se mantenga la estabilidad financiera y se evite la acumulación excesiva de deudas. En otras palabras, un equilibrio fiscal sostenible implica que el gobierno puede financiar sus gastos actuales sin depender excesivamente de la deuda, y que esta situación puede mantenerse a largo plazo.
Alcanzar el equilibrio fiscal sostenible implica gestionar de manera responsable los recursos públicos, controlar el gasto, aumentar los ingresos de manera eficiente y, en general, mantener un presupuesto equilibrado. Este concepto es especialmente relevante para evitar crisis financieras, mantener la confianza de los inversionistas y garantizar la estabilidad económica a largo plazo.
Si observamos la composición del gasto público nacional, según los datos del Ministerio de Economía para 2022, se evidencia que el Estado nacional ejecutó gastos en funciones provinciales, como salud pública, educación básica, asistencia social, vivienda y urbanismo, así como en subsidios económicos para las empresas públicas, por un monto equivalente a más del 5% del PIB. Por lo tanto, mientras el Gobierno nacional continúe asumiendo funciones que no son de su responsabilidad, el desequilibrio fiscal persistirá.
¿Cómo podemos afrontar de manera efectiva los desequilibrios fiscales que persisten?
En este contexto, resulta evidente la necesidad de lograr un consenso con las provincias para reestructurar la organización federal, tanto en aspectos funcionales como tributarios.
Para implementar un ordenamiento funcional, es imperativo eliminar burocracias y gastos duplicados, estableciendo que cada nivel de gobierno se enfoque en funciones específicas. El Estado nacional asumirá funciones interprovinciales, como la estabilidad política y económica, representación internacional e infraestructura interprovincial. Por otro lado, las provincias y sus municipios serán responsables de financiar y administrar servicios sociales, incluyendo salud, educación, desarrollo social, vivienda y urbanismo, así como servicios públicos urbanos, como distribución de electricidad, agua, saneamiento y transporte urbano.
Para lograr un ordenamiento tributario, es esencial abordar la unificación y simplificación de los impuestos, así como la correspondencia fiscal, donde quien gaste sea responsable de recaudar los impuestos para financiar ese gasto. En este marco, el gobierno nacional se financiará mediante impuestos al comercio exterior, seguridad social e impuesto a los ingresos (actualmente denominado impuesto a las ganancias), mientras que las provincias y municipios se financiarán con un IVA que absorba ingresos brutos y tasas municipales. Este enfoque permitirá a los ciudadanos entender con mayor claridad a qué nivel de gobierno pagan impuestos y a quién deben reclamar por los servicios que reciben.
Mientras no se realice un ordenamiento fiscal que aborde la forma en que el Estado nacional obtiene ingresos, ejecuta gastos y gestiona los mismos, las prioridades seguirán desenfocadas. En este contexto, cualquier medida destinada a atenuar la inflación perderá efectividad. Es crucial establecer una estructura fiscal eficiente y transparente para garantizar el éxito de las estrategias económicas.
Fuente: LP CONSULTING