¿Cómo revertir la caída de la actividad económica?

Por Leonardo Piazza

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de enero de 2024 tuvo una caída interanual de 4,3%. Ante este escenario, el gobierno enfrenta varios desafíos para revertir esta contracción económica y promover un crecimiento sostenible. ¿Cuales son las cuatro áreas clave a las que se deben apuntar?

La actividad económica registró una nueva contracción en enero, marcando su tercer descenso consecutivo, lo que acumula una disminución del 5,8% desde noviembre. Esta notable reducción en el nivel de actividad se tradujo en una caída del 1,2% en comparación con diciembre y del 4,3% respecto a enero de 2023. La construcción fue el sector más afectado, mientras que la industria y el comercio fueron los principales contribuyentes a la disminución interanual, evidenciando que la notable reducción en los ingresos, especialmente en el salario real, ha impactado negativamente en el consumo y el mercado interno.

A pesar de esto, los sectores agropecuario y minero experimentaron crecimientos del 11,1% y 5,2% respectivamente, lo que sugiere que la economía podría estar comenzando a operar a ritmos diferenciados. Estos sectores, vinculados a bienes transables, podrían continuar registrando un crecimiento significativo. Por otro lado, la construcción y algunos sectores industriales muestran signos de recuperación en ciertos indicadores adelantados relacionados con la demanda interna, lo que sugiere que podrían estar alcanzando su punto más bajo, aunque aún se encuentran en niveles de actividad muy bajos.

Al analizar el desempeño del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en los últimos tiempos, se concluye que, excepto durante el período de pandemia y su posterior recuperación, su variación mensual se ha mantenido en un rango cercano al 0%, evidenciando así un severo estancamiento económico.

Fuente: LP CONSULTING en base a datos de INDEC

Una de las principales razones detrás del desalentador desempeño económico es la marcada aceleración de la inflación. El Índice de Precios al Consumidor cerró el año 2023 con un incremento interanual del 211,4%, mostrando un notable aumento en diciembre que superó el 25% (según el INDEC). Esta cifra posiciona a Argentina como el país con la inflación más alta a nivel mundial, superando a naciones como El Líbano (192%) y Venezuela (190%).

Además, factores como las regulaciones excesivas, distorsiones de precios y elevadas tasas de interés contribuyen a alimentar la incertidumbre económica y el estancamiento persistente que se ha observado en la inversión del sector productivo. A esto se suma la baja productividad de la mano de obra, reflejada en el aumento del empleo no registrado en los últimos años.

Este patrón de estancamiento puede revertirse a largo plazo si el gobierno actúa de manera adecuada en áreas clave de la economía, que podemos resumir en los siguientes 4 puntos:

  1. Gestión eficiente del gasto público

Argentina ha sido históricamente caracterizada por una prolongada trayectoria de déficits fiscales, derivados de un elevado gasto público que excede los ingresos. Esta situación ha llevado al Estado a recurrir a la emisión monetaria y al endeudamiento para financiar dicho déficit, lo que explica los altos niveles de inflación que ha experimentado el país. Según datos publicados por la Secretaría de Hacienda, el año 2023 finalizó con un déficit financiero equivalente al 6,1% del PBI, mientras que el déficit primario, excluyendo los pagos de la deuda, fue del 2,9% del PBI.

Se debe gestionar la implementación de medidas para mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos, priorizando el gasto en áreas críticas como educación, salud e infraestructura, y reduciendo el gasto superfluo o ineficiente.

En consonancia con esta premisa, el Ministerio de Economía anunció 10 medidas a corto plazo destinadas a lograr una rápida reducción del déficit fiscal. Estas medidas incluyeron una devaluación del 50% de la moneda, la reducción “al mínimo” de las transferencias del Estado Nacional a las provincias, la suspensión de la obra pública, la reducción de subsidios, el cierre de ministerios, entre otras.

Para garantizar que la reducción del gasto público sea sostenible en el tiempo, es necesario realizar un ordenamiento integral del Estado en sus tres niveles de gobierno mediante un acuerdo federal. El punto central de este acuerdo es evitar superposiciones de funciones -y gastos- entre la nación, las provincias y los municipios.

  1. Reestructuración del sistema tributario

Nuestro país enfrenta un desafío significativo debido a la complejidad y fragmentación de su sistema tributario. Esta complejidad se origina en la presencia de impuestos distorsivos que desincentivan la producción y el consumo, así como en la superposición de impuestos de los tres niveles de gobierno.

Por lo tanto, es necesario considerar la completa eliminación de estos impuestos “malos”, que no solo afectan negativamente la distribución del ingreso de manera regresiva, sino que también son propensos a altos niveles de evasión. Sin embargo, en lugar de optar por la erradicación de estos impuestos distorsivos, la propuesta actual se centra en reducirlos una vez alcanzado el objetivo de reducción del gasto público.

Este enfoque tradicional de ajuste no aborda el problema subyacente de manera integral. Sería más efectivo reemplazar estos impuestos “malos” por impuestos “buenos”. Por ejemplo, si el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incorporara los ingresos brutos y las tasas municipales (que difieren en su impacto y nivel de evasión), se mejorarían las operaciones económicas al reducir la carga burocrática tanto para los contribuyentes como para el Estado, y se disminuiría la evasión.

Este cambio fundamental crearía un entorno más propicio para la producción, sin comprometer el objetivo de equilibrar las cuentas públicas.

  1. Ordenamiento previsional

Un aspecto crucial que debe abordarse en el corto plazo es la reestructuración del sistema previsional, dado que el gasto en este sector es uno de los principales desestabilizadores de las cuentas públicas. A nivel nacional, el pago de jubilaciones y pensiones representa casi el 40% del gasto público.

Con las reglas previsionales actuales, este gasto tiende a aumentar, incluso si se logra recuperar el crecimiento económico. Esto contradice el propósito de tener un Estado solvente para eliminar la inflación y revertir la contracción económica. Por lo tanto, cambiar la tendencia del gasto previsional es un tema estratégico.

Este “ordenamiento” implica una serie de medidas destinadas a mejorar la sostenibilidad, equidad y eficiencia del sistema de seguridad social, abordando aspectos como la edad de jubilación, los requisitos para acceder a las prestaciones, el cálculo de los beneficios, la financiación del sistema y otras áreas relevantes.

El desafío es mucho más amplio que cambiar la fórmula de movilidad: se necesita una reestructuración donde se adapten las normas previsionales a la realidad y se contemplen los cambios que permitan absorber los impactos del envejecimiento poblacional. El ordenamiento integral del Estado obliga a involucrarse en temas mucho más complejos que la tradicional actualización de haberes.

  1. Reforma laboral

Estos cambios suelen estar dirigidos a mejorar la flexibilidad del mercado laboral, fomentar la creación de empleo, aumentar la competitividad de las empresas y adaptarse a los cambios en la economía y el mercado laboral. Una reforma laboral puede implicar modificaciones en áreas como la regulación del empleo, los contratos laborales, los derechos y beneficios de los trabajadores, la negociación colectiva y la protección del empleo, entre otros aspectos.

En Argentina, en términos del mercado de trabajo se observa una tendencia creciente tanto de los trabajadores informales como también de los no asalariados, mientras que el empleo formal permaneció casi sin cambios.

Fuente: LP CONSULTING en base a datos de INDEC

Esta situación puede explicarse principalmente por los elevados costos laborales que implica para un empleador contratar a un trabajador en el sector formal. Como resultado, se genera un desincentivo para realizar este tipo de inversión, lo que conduce a un aumento en la cantidad de empleos de baja calidad. Estos empleos se caracterizan por salarios que quedan por debajo de la tasa de inflación y condiciones laborales precarias al no garantizar el acceso a los derechos laborales básicos.

Para reducir la informalidad laboral, es necesario abordar los factores subyacentes que la causan. En este sentido, se han lanzado medidas dirigidas a derogar y modificar las leyes laborales que permanecieron sin cambios en la “nueva” Ley Ómnibus.

Entre estas medidas se incluye la modificación del régimen de contrataciones con el objetivo de regularizar las relaciones laborales existentes, mediante la creación del Régimen de Promoción de Empleo Registrado. Este régimen permite la “extinción de la acción penal” y “condonación de las infracciones, multas y sanciones” por irregularidades en la contratación de empleados. Además, se promueven medidas para lograr una mayor flexibilización, como la creación de un Fondo de Cese Laboral, y se reducen los costos de indemnización por despido.

En conjunto, estas regulaciones laborales deberían aumentar los incentivos para la contratación formal, impulsando así la actividad productiva del sector privado y reduciendo la carga estatal.

Fuente: LP CONSULTING

Tags: actividad económica ordenamiento del estado reforma laboral reforma previsional



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