La educación y la medicina privadas son utilizadas por sectores de ingresos medios para escapar del deterioro en la calidad de los servicios estatales. Sin embargo, los servicios privados también están mostrando un creciente deterioro. Otro motivo más para abordar un ordenamiento integral del Estado.
Los servicios estatales de educación y de atención médica sufren una larga y profunda crisis de gestión. Las provincias son las que financian y gestionan las escuelas del Estado y los hospitales públicos y aun cuando asignan una importante cantidad de recursos, la calidad de estos servicios es percibida como baja. Prueba de ello es que muchas familias de ingresos medios hacen el esfuerzo de pagar escuelas privadas y empresas de medicina prepaga para acceder a mejor calidad de educación y salud.
Sin embargo, en los últimos años la percepción de la calidad en las escuelas y la medicina privadas también viene declinando. Los padres observan que sus hijos presentan déficits educativos, aun cuando asisten a escuelas privadas, sufren largas esperas para conseguir turnos en la atención que no es de urgencia y copagos por encima de la cuota del plan de salud. La degradación llega al punto de cierres de colegios privados y profunda crisis en las empresas de medicina privada.
¿Cuáles son los principales factores que explican la extensión del deterioro de la calidad que sufrieron los servicios sociales estatales a los servicios privados? Para responder la pregunta sirve observar algunos precios claves. Según datos del INDEC, entre los años 2019 y 2023, corregidos por inflación, se observa que:
- El salario formal de la economía cayó un 16%.
- Las cuotas de las escuelas privadas se redujeron un 18%.
- Las cuotas de la medicina prepaga cayeron un 23%.
Estos datos muestran que el deterioro es generalizado. Caen los salarios y aún más las cuotas para acceder a los servicios sociales de gestión privada. Ante el empobrecimiento de la clase media –que es la que accede a los salarios formales– resulta muy difícil sostener los ingresos de las escuelas y la medicina privada. Esta caída en los ingresos de servicios educativos y médicos –que son mano de obra intensiva– deteriora las remuneraciones de docentes y profesionales e impacta negativamente en la calidad de los servicios privados.
En el segmento de la población de ingresos medios prevalece la preocupación y el desconcierto. Por un lado, en un contexto de caída de las remuneraciones se acrecienta el esfuerzo que se necesita para pagar las cuotas de la escuela privada y la prepaga. Por el otro, estos esfuerzos no alcanzan para acceder a servicios de calidad. Menores salarios con peores servicios se combinan para acelerar el deterioro en la calidad de vida.
La principal causa detrás de estos magros resultados es la mala organización del Estado. El desorden macroeconómico, alimentado por crónicos déficits fiscales, genera inflación y desalienta la inversión y la creación de empleos de calidad. Además del déficit financiero, el sector publico padece también de severos déficits de gestión. Los servicios a cargo del Estado son deficientes en parte porque al operar los tres niveles de gobierno de manera solapada se multiplican las ineficiencias. Ejemplos muy ilustrativos del desorden es la actitud demagógica del Estado nacional de fijar aumentos de salarios docentes, cuando los salarios son pagados por las provincias (en la educación estatal) y los padres (en la educación privada). Lo mismo cuando anuncia congelamientos de cuotas de escuelas privadas y prepagas que, ante un contexto de alta inflación, agravan el desfinanciamiento.
Para salir de este largo proceso de decadencia es imprescindible abordar un ordenamiento integral del Estado. Por un lado, porque es la única manera de lograr equilibrio financiero para eliminar la inflación. Por el otro, porque es la vía para elevar la calidad de la gestión pública. Con una mejor organización, el Estado estará en condiciones de producir más y mejores servicios de educación y salud públicas. Para ello es clave que el Estado nacional deje de interferir en su financiamiento y gestión –dado que, por la Constitución Nacional, estas son materias de las provincias y sus municipios– y se concentre en medir resultados de las provincias. De esta forma, la ciudadanía podrá presionar a sus gobiernos locales con mejores herramientas por buenos servicios. En paralelo, con mejor gestión regulatoria del Estado, los servicios privados también mejorarán su calidad.
Fuente: IDESA.org