Logística, estabilidad fiscal y retenciones, las claves del nuevo plan agroindustrial federal

Por Impulso

El Consejo Agroindustrial Argentino presentó una iniciativa que propone cinco ejes principales. El vocero de la entidad, José Martins, dialogó con IMPULSO, explicó detalles del programa y habló de las retenciones. “No podemos exportar impuestos”, remarcó.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentó al Ministerio de Transporte encabezado por Mario Meoni un proyecto denominado “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030.

En principio, la propuesta busca aumentar las exportaciones en 35 mil millones de dólares anuales hasta alcanzar los 100 mil millones de dólares en 2030 y generar 700 mil empleos adicionales, mientras que también apunta a reglamentar lo planteado mediante un proyecto de ley a tratarse este año.

El CAA, conformado por 42 entidades del sector -entre las que se destaca la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)-, apunta a “consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio (biotecnologías, edición génica, tecnologías de la información, maquinarias, insumos, servicios profesionales y técnicos)”.

En tanto, la iniciativa llegó a manos de Meoni, que explicó que, en primera instancia, es importante “bajar los costos que la producción y la exportación necesitan para fomentar el agregado de valor en origen”.

Ante esto, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) y vocero del CAA, dialogó con IMPULSO y brindó su postura. “Cuando hablamos de logística hacemos referencia a caminos rurales, rutas y ferrocarril. También juegan un papel importante lo fluvial y lo marítimo. No es menor que hay muchos productos que no resultan competitivos a la hora de exportar porque la logística de salida al exterior es costosa, consideró.

En resumen –agregó-, hablamos con el ministro Meoni para trabajar para que el interior del país pueda agregar valor a los commodities y eso pueda ser transportado a los puertos con un menor costo del que hoy tiene”.

Por otro lado, Martins indicó que hay problemas a resolver para mejorar la actividad del sector. “En Argentina tenemos un tema importante que es la falta de infraestructura en el interior”, aseguró.

ESTABILIDAD FISCAL

Uno de los apartados de la estrategia presentada por el polo agroindustrial plantea como condición necesaria para el avance de la propuesta la estabilidad fiscal. En ese sentido, el vocero de la entidad impulsora del plan sostuvo: “Cuando hablamos de lograr estabilidad fiscal planteamos que no haya cambios en las reglas de juego, y por eso proponemos un plan a 10 años. Además, la idea es que haya estabilidad tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Hay que tener en cuenta que suele suceder, y lo hemos visto hace un tiempo, que el pacto fiscal daba cierto horizonte que después se fue cambiando”.

A su vez, Martins manifestó: “Con la presentación del plan tratamos de generar el interés político de Poder Ejecutivo nacional, de los gobiernos provinciales y de los legisladores para que entiendan que hay una gran oportunidad. Exportar nos puede posicionar como líderes mundiales, generadores de divisa y nos puede posibilitar crecer en empleo, extender territorio y que la gente del interior no tenga que trasladarse en búsqueda de oportunidades.

En torno a lo factible que es lograr que se cumplan las condiciones que plantea el consejo y que colaboren los distintos sectores, expresó: “La predisposición hasta ahora es buena. Todos nos escuchan y quieren colaborar. Todos los ámbitos han mostrado predisposición”.

RETENCIONES EN DEBATE

La “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030” hace hincapié en una agenda “agresiva” vinculada a varios puntos, entre los que se destacan los “derechos de exportación” y los “reintegros”.

El tema en cuestión encuentra una clara posición dentro del CAA. “Los derechos de exportación son impuestos distorsivos y están castigando fuertemente a la producción. Pero no solo en este caso, en Argentina la carga impositiva de quien produce es muy alta”, aseveró Martins.

Sin embargo, atento a la crisis actual, detalló: “Tenemos muy claro que la situación que vive hoy el país probablemente haga inviable que bajemos esa carga. Pero sí tenemos que consensuar que tiene que haber una baja en el corto o mediano plazo, de modo que permita poder competir con el mundo. Porque al estar castigándonos nosotros con estos derechos de exportación nos estamos poniendo un límite a la capacidad de crecer”.

“No podemos exportar impuestos” (José Martins).

Además, agregó: “En cuanto a reintegros es muy parecido. No podemos exportar impuestos. Tenemos que volver a un sistema que permita que se pueda agregar valor y que no sea tan alta la carga impositiva y termine sacándonos de la competencia”.

AGROTECNOLOGÍA Y LAS CINCO CLAVES DEL PLAN

En lo que respecta a los avances tecnológicos en el mundo agroindustrial nacional, la entidad observa que es importante el hecho de constituir al país como un exportador de algo más que materia prima.

La producción en Argentina ha demostrado ser muy dinámica y adaptable a los tiempos –describió Martins-. En nuestro caso creemos que así como decimos que tenemos que ser líderes en diversos aspectos, estamos diciendo que podemos ser exportadores de conocimiento”.

Por otra parte, además de lo detallado, el Consejo Agroindustrial Argentino propone cinco ejes principales:

Conformar una Mesa Nacional Exportadora con las áreas del Gobierno Nacional para cada tema para generar el marco regulatoria a las propuestas.

-Elaborar propuestas sectoriales de crecimiento sustentable de producción y exportación con mayor valor agregado y definir los mercados estratégicos a exportar.

Las propuestas deberán estar listas en 60 días.

-Proponer un proyecto de Ley de Desarrollo Agroindustrial Exportador, con inclusión social y federal (estabilidad fiscal y financiera de 10 años).

El proyecto debería ser tratado por el Congreso de la Nación en 2020.



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