La banda de un narco peruano con pata económica en Barrio Martin y Funes

Por Impulso

Este lunes, tras los 50 allanamientos que ordenaron los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot en varios domicilios de Rosario, Funes, Roldan, Fighiera, Arroyo Seco y en las cárceles de Piñero y Ezeiza.

Julio Rodríguez Granthon, el narco peruano que vive hace una década en Argentina, se hizo conocido en el mundo del hampa por tener habilitación como aviador. Y cuando en noviembre de 2019 la justicia federal encontró un cargamento de 15 kilos de cocaína de su banda, uno de los detenidos tenía un anillo con una corona. Ese es justamente el sello distintivo de la droga que distribuye el “Peruano”, que para los investigadores es uno de los mayoristas más importantes del tráfico local.

Este lunes, tras los 50 allanamientos que ordenaron los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot en varios domicilios de Rosario, Funes, Roldan, Fighiera, Arroyo Seco y en las cárceles de Piñero y Ezeiza, los funcionarios del MPA señalaron que quien estaba detrás de la banda que buscaron desarticular era Rodríguez Granthon. Por el operativo, denominado “Ceviche”, hubo once detenidos.

El narco peruano está detenido hace más de tres años. Primero estuvo en Piñero y luego en Ezeiza, las dos prisiones allanadas este lunes. En un caso, se encontró un “nido de celulares” con 30 teléfonos escondidos en una celda. Y en el otro, en la cárcel federal en la que está alojado Granthon, la pesquisa dio con trece celulares más -cinco de ellos IPhone- y un smartwatch.

Si bien la matriz delictiva de Granthon es la del narcotráfico y tiene una condena de la justicia federal por drogas, en este caso la investigación de Carbone y Haurigot surge de balaceras, y amenazas en distintas partes de Rosario y alrededores. Según señaló la Agencia de Investigación Criminal, se logró mediante tareas investigativas individualizar a los autores intelectuales de los hechos, que estaban ya privados de su libertad, “como así también se identificó a los autores materiales de las extorsiones”.

En Rosario, sorprendió el allanamiento en barrio Martin, en una coqueta casa de Colón al 1700. Allí, mientras las tropas de élite trabajaban dentro del domicilio, se podían ver desde afuera los elegantes muebles y las raquetas de tenis. El inquilino allí tenía las iniciales V.H.S. y para los fiscales era uno de los testaferros de la banda. Otros allanamientos fueron en Funes.

Allanamiento Colón al 1700. Allí vivía uno de los testaferros de la banda.

“Estamos detrás de la economía delictiva de esta banda. Hemos secuestrado gran cantidad de dinero, camiones, autos de alta gama. El poderío económico de este grupo de personas era muy importante. Estamos detrás de un montón de empresas y gente que funciona como prestanombres de la estructura criminal”, planteó en diálogo con Impulso Negocios el fiscal Carbone.

Su colega Haurigot, por último, fustigó la repetición de casos en los que se encuentran teléfonos e las celdas: “Desde el Ministerio Público de la Acusación venimos trabajando en investigar este tipo de episodios. Pero cuando nos encontramos como hoy en los procedimientos, con treinta celulares en Piñero y trece en Ezeiza, sin dudas tenemos que decir que algo está funcionando mal. Esto es gravísimo, vamos a elevar la denuncia a la justicia federal. Y esta puede ser la explicación de por qué se concretan después tantos ataques”, planteó en conferencia de prensa en el Centro de Justicia Penal.

Otros antecedentes de Granthon

Cabe recordar además que en pocos días se hará la audiencia preliminar del juicio por el crimen de Eduardo Trasante, ex concejal de Ciudad Futura asesinado en julio de 2020. Para el fiscal Matías Edery, hay evidencias de que Granthon desde la cárcel estuvo involucrado con la ejecución y por eso será acusado de haber organizado las maniobras previas.

Además, Granthon apareció vinculado al allanamiento de una cueva en pleno centro de Rosario, controlada por el financista Gustavo Shanahann. El hecho ocurrió en noviembre de 2021 y al allanar una oficina en España al 800 se encontraron 34 millones de pesos y 30 mil dólares. Las evidencias recolectadas por la investigación determinaron que en ese lugar los pesos de los búnkeres que vendían la droga del “peruano” se cambiaban por divisas.



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