Impulso

La salida del cepo cambiario y la apreciación del tipo de cambio real pueden interpretarse como un avance en el frente inflacionario, especialmente en un contexto donde el Gobierno busca consolidar el superávit fiscal. Sin embargo, desde la perspectiva de la producción nacional, este mismo escenario acentúa una fragilidad persistente: la pérdida de competitividad. Exportar sigue siendo una tarea cuesta arriba, y enfrentar la competencia de productos importados, aún más.

Esta tensión entre los objetivos de estabilización macroeconómica y el impulso a la actividad productiva se traslada inevitablemente a las decisiones de política pública. Mientras el sector empresario reclama una reducción de la presión impositiva para poder competir en condiciones más equitativas, el Gobierno advierte que el espacio para alivios fiscales es muy estrecho sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.

En este marco, las posiciones parecen difícilmente reconciliables en el corto plazo, lo que alimenta un debate recurrente pero estéril. ¿Es posible identificar —y reformar— aquellos tributos que, aun siendo relevantes para la recaudación, están frenando la competitividad de la economía?

Una estructura tributaria que penaliza la producción

Hoy en día, la carga impositiva en Argentina proviene de una combinación de tributos nacionales, provinciales y municipales. Muchos de ellos generan incentivos perversos y efectos acumulativos en la cadena productiva. Entre los más problemáticos se encuentran:

• Ingresos Brutos (IIBB): impuesto provincial que grava la facturación en cada etapa del proceso productivo, provocando un efecto cascada que encarece artificialmente los bienes y servicios.
• Tasas municipales: muchas veces aplicadas sin criterios de equidad ni relación con servicios prestados.
• Aportes y contribuciones al trabajo formal: imponen un alto costo sobre el empleo registrado.
• Derechos de exportación (retenciones): desalientan la producción exportadora, afectando especialmente al agro y a sectores industriales con potencial competitivo.

Este entramado fiscal no solo atenta contra la competitividad, sino que también promueve la informalidad y desalienta la inversión de largo plazo.

La magnitud del problema se refleja en los datos del Ministerio de Economía para 2024.

Fuente: IDESA en base a Ministerio de Economía

El impacto de los tributos distorsivos en Argentina no es marginal. En 2024, el impuesto al cheque recaudó el equivalente al 1,6% del PBI, mientras que los derechos de exportación aportaron un 1%. A nivel provincial, el Impuesto a los Ingresos Brutos representó un 4,2% del PBI, y el Impuesto a los Sellos, un 0,4%. Por su parte, la Tasa de Industria y Comercio que aplican los municipios sumó otro 0,8%. En conjunto, estos tributos recaudan cerca del 8% del producto, lo que equivale a casi un 30% de todos los recursos públicos entre Nación, provincias y municipios.

Este dato expone con claridad una contradicción estructural: reducir o eliminar estos impuestos sin una fuente alternativa de financiamiento implicaría reabrir el déficit fiscal, pero mantenerlos significa seguir asfixiando la competitividad de la economía y desincentivar la inversión productiva. Es una encrucijada que exige soluciones creativas y políticamente viables.

Exportamos impuestos, importamos desventajas

El problema de fondo es que muchos de estos tributos no son neutros. A diferencia del IVA —que puede identificarse en cada etapa y reembolsarse al exportador— el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales quedan incorporados en los costos de producción. No se pueden desagregar ni devolver, lo que los convierte en un lastre estructural para las exportaciones.

El resultado es directo: los productos argentinos llegan más caros a los mercados externos, mientras que los de otros países, libres de estas cargas, ganan espacio y competitividad. Pero la desventaja también se siente en el mercado interno. Un producto importado suele atravesar menos etapas de producción, lo que reduce la acumulación de impuestos distorsivos en su precio final. Así, compite en mejores condiciones que uno fabricado en el país, que acumula tributos en cada eslabón de su cadena.

El IVA, en cambio, es un impuesto neutral: se devuelve cuando se exporta y grava de igual forma a bienes nacionales e importados. No interfiere con la competitividad. Por eso, los verdaderos enemigos de la producción nacional son los impuestos que no se ven pero se sienten: el cheque, Ingresos Brutos, Sellos y tasas locales. Son estos los que encarecen lo que producimos y permiten que otros vendan más barato. En resumen, exportamos impuestos e importamos desventajas.

El concepto de un “super-IVA”

El “super-IVA” se plantea como un impuesto al valor agregado unificado que reemplace a varios tributos actuales. Su objetivo central es simplificar el sistema y reducir la carga efectiva sobre la producción, trasladando el foco impositivo hacia el consumo final, de manera más transparente y eficiente.

Sus principales características serían:

Unificación de tributos: reemplazo de Ingresos Brutos, tasas municipales y eventualmente retenciones.

Cobro nacional con coparticipación automática: se recauda a nivel nacional, pero se distribuye entre provincias y municipios según un esquema previamente acordado.

Reducción del efecto cascada: al gravar solo el valor agregado en cada etapa, se eliminan múltiples capas de imposición sobre el mismo bien.

Sistema más simple y fiscalmente neutral: mayor claridad para los contribuyentes y menor evasión.

Potenciales beneficios

• Simplificación del sistema tributario, facilitando el cumplimiento y la fiscalización.
• Reducción de costos de transacción y administrativos para empresas y gobiernos.
• Mejora de la competitividad, al eliminar impuestos que encarecen artificialmente los procesos productivos.
• Ampliación de la base tributaria, al enfocarse en el consumo final y reducir los incentivos a la evasión.
• Mayor formalización del empleo y de las actividades económicas.

Riesgos y desafíos

• Resistencia política de provincias y municipios que podrían perder autonomía en la recaudación.
• Alto nivel de informalidad económica, que puede dificultar la implementación efectiva de un sistema basado en el consumo formalizado.
• Posible regresividad del impuesto, si no se acompaña con mecanismos de compensación para los sectores más vulnerables.
• Necesidad de reforma institucional profunda, incluyendo modernización de los sistemas de administración tributaria y consenso federal.

La propuesta de un “super-IVA” no es una panacea, pero sí representa una oportunidad concreta para avanzar hacia un sistema tributario más racional, equitativo y favorable al crecimiento. Requiere voluntad política, acuerdos federales y una implementación gradual e inteligente. En un país que necesita imperiosamente mejorar su competitividad y atraer inversiones, simplificar el régimen fiscal es un paso ineludible.

Fuente: LP CONSULTING