El 23 de mayo habrá un Seminario en la Cámara de Diputados con el presidente de la Fundación Vía Libre, Federico Heinz. El proyecto del diputado Gerardo Rico ya fue aprobado y promulgado por el gobierno provincial
El diputado provincial del Frente para la Victoria-Movimiento Evita, Gerardo Rico, pidió por la implementación de software libre en la Administración Pública santafesina, tanto en la estructura centralizada del Gobierno, como en la Legislatura, la Justicia y todo ente mixto en que tenga participación el Estado.
En contacto con IMPULSO, Rico sostuvo: "La implementación de la ley de uso de Software Libre en la provincia genera soberanía tecnológica y reducción de costos. Además, esto permitirá un importante desarrollo de la industria del software. En este sentido, estamos impulsando que el Ejecutivo provincial cumpla con la Ley y para esto organizamos para el día 23 de mayo un Seminario en la Cámara de Diputados de la provincia con el presidente de la Fundación Vía Libre, Federico Heinz".
Además, según comentó el diputado, el proyecto quiere hacer que el uso del Software Libre en la Administración Pública sea obligatorio, dado los fundamentos conocidos de independencia tecnológica, seguridad y preservación de la información pública.
En este sentido, Rico explico: “Pretendemos que esta política se implemente en todos los organismos provinciales y apuntamos a que la Administración Pública comience a desarrollar el software en un tiempo determinado que le permita cambiar todo el sistema anterior por un nuevo soporte”.
En tanto, vale aclarar que actualmente la Administración Pública Provincial emplea un software por el que habitualmente debe erogar importantes sumas en concepto de derechos de uso de dichos programas y la idea es evitar emplear formatos cerrados que generan dependencia tecnológica interminable hacia el proveedor de turno.
Por último, resta señalar que la ley pretende establecer los lineamientos de las políticas de incorporación y gestión de software, que garanticen la debida protección de la integridad, confidencialidad, accesibilidad, interoperabilidad, compatibilidad de la información y auditabilidad de su procesamiento en la Administración Pública Provincial; y el libre acceso ciudadano a la información pública ofrecida en formatos digitales.
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