Una medida que tomará el próximo gobierno, si quiere controlar la inflación, es sincerar los precios regulados que acumulan importantes atrasos. Están más atrasados que el dólar oficial. El atenuante para el interior es que el “tarifazo” va a pegar más fuerte en el AMBA.
Ante la aceleración inflacionaria producto del descalabro fiscal aparece como inevitable, aunque muy resistido, un fuerte ajuste fiscal. El camino alternativo para equilibrar de manera sustentable las cuentas públicas, y simultáneamente mejorar la gestión pública, es abordar un ordenamiento integral del Estado.
Suponer que un cambio en el régimen monetario y cambiario alcanza para forzar la eliminación del déficit fiscal es una ingenuidad. Para no repetir fracasos, hay que ordenar integralmente el Estado. Un componente clave es eliminar los solapamientos entre el gobierno nacional, las provincias y sus municipios.
En Argentina hay una tendencia a creer que las empresas del Estado tienen un rol estratégico que justifica que sean subsidiadas. Se hizo tanto abuso de esta práctica que se llegó al extremo de asignar más subsidios a empresas públicas que lo que se invierte en la Asignación Universal por Hijo y el Programa Alimentar.
El gobierno nacional está en un laberinto donde no encuentra la salida de cómo bajar el déficit fiscal. Un camino es desarmar la maraña de empresas públicas que generan más de la mitad del déficit fiscal. En los países ordenados, el Estado promueve actividades, pero lo hace con subsidios directos y medición de resultados a las empresas del sector privado.
Para no dar por caído el acuerdo, el FMI tuvo que flexibilizar las metas en función de la muy alta inflación. La principal causa de la inflación es la emisión monetaria que demandan los subsidios económicos. Esto no se resuelve con la demorada segmentación de tarifas sino con un ordenamiento del Estado.
La grandilocuencia del acto de asunción del nuevo ministro de economía contrastó con la escueta conferencia de prensa anunciando las nuevas medidas. Siguen las dudas sobre cómo se reducirán los subsidios energéticos y la reversión del explosivo crecimiento del gasto en planes asistenciales.
El exponencial aumento de los subsidios a la energía acelera la desestabilización fiscal. El incoherente mecanismo de segmentación de tarifas que dispuso el gobierno no resolverá el problema. Esta es otra evidencia de que para aplicar políticas públicas progresistas se necesita un Estado ordenado y profesionalizado.
Las cuentas públicas en los primeros cuatro meses del año muestran un creciente desequilibrio fiscal. Mientras la recaudación varía al ritmo de la inflación, el gasto aumenta muy por encima de los precios. Con este manejo de las cuentas públicas es inevitable que siga la aceleración de la inflación.
Las cuentas públicas tienen una dinámica explosiva. El Ministerio de Economía las maquilla con la deuda que coloca sobre la par en el concepto “Otras rentas de la propiedad” pero la situación es cada vez más complicada. Hasta agosto, la cosecha y Ucrania meten dólares, lo que ayuda a la estabilidad cambiaria. El tema vendrá después.
El tema de los subsidios económicos no se agota en su costo fiscal y en el impacto sobre los presupuestos familiares. También son muy importantes los malos incentivos que generan, promoviendo el derroche en el consumo y las ineficiencias y falta de inversión en las empresas que reciben los subsidios.