El cuestionado canje de bonos que impuso el Ministerio de Economía opera como una nueva confiscación sobre los ahorros previsionales. Respetando la autonomía de la ANSES prevista en la Constitución Nacional se podrían desalentar normas previsionales demagógicas y nuevas confiscaciones.
Con un amplio consenso, en Tierra del Fuego se estableció que los empleados públicos se jubilen a los 55 años. La promesa es actuarialmente incumplible. Se suma otra evidencia de que la decadencia argentina no es producto de la “grieta”, sino de los consensos en torno a políticas equivocadas.
La grandilocuencia del acto de asunción del nuevo ministro de economía contrastó con la escueta conferencia de prensa anunciando las nuevas medidas. Siguen las dudas sobre cómo se reducirán los subsidios energéticos y la reversión del explosivo crecimiento del gasto en planes asistenciales.
En el Congreso se impulsa una nueva prórroga de las moratorias previsionales y un régimen especial de retiro para personas con determinadas enfermedades. Mientras este tipo de normas siga teniendo alto consenso político, no tiene sentido discutir cuál es el mejor régimen monetario para lograr la estabilidad.
Desde el próximo viernes 8 de abril los beneficiarios habilitados podrán percibir sus haberes sin la necesidad de demostrar la supervivencia.
Santiago Fraschina, secretario general de la Administración Nacional de la Seguridad Social, aseguró que la actual fórmula brinda un "aumento constante del poder adquisitivo".
El haber mínimo será de $ 29.062, un 107% más que lo percibido en 2019 y el incremento beneficia a más de 16 millones de beneficiarios previsionales y de otras prestaciones sociales.
En la campaña electoral del 2019, el actual presidente prometía aumentar las jubilaciones con los intereses de las Leliq. A dos años de aquella promesa, la situación es la inversa. Con la licuación de jubilaciones se financia parte de los intereses que paga el Banco Central
El sistema servirá para que las mujeres que hayan cumplido los 60 años y hayan tenido hijos, puedan completar sus años de aportes y jubilarse a partir del reconocimiento a su trabajo de cuidado de su familia.
Las beneficiarias están en edad para tramitar la jubilación pero no tienen los 30 años de aportes para acceder a ella.
La determinación fue adoptada por el Banco Central (BCRA), que brindó un comunicado con los detalles de su decisión.
Lo afirmó la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, que detalló el costo fiscal que afronta el Estado nacional en el cuadro tarifario final.