El envejecimiento es un proceso continuo que pone en tensión los sistemas previsionales. La demora en adaptar las normas a la demografía acelera la crisis de financiamiento. El problema es particularmente crítico en las cajas jubilatorias de los empleados públicos provinciales no transferidas a la Nación.
El aumento en la expectativa de vida y la caída de la natalidad incrementan la proporción de mayores en la población total. Si las políticas públicas no se adaptan a estos cambios, el pago de jubilaciones y la cobertura médica de los adultos mayores se vuelven inviables y su crisis un factor desestabilizante de la economía.
La oposición aspira a anular el veto presidencial a la ley que aumenta y perpetúa el bono que cobran los jubilados con haberes más bajos.Como ocurre con la moratoria, el bono es financieramente costoso y socialmente injusto porque lo percibe gente que por tener otros ingresos no está en situación de vulnerabilidad.
El Congreso aprobó una serie de reformas sobre el sistema previsional cuyos costos son mayores al superávit fiscal. Se trata de otro fracaso del oficialismo y de la oposición en acordar una estrategia conjunta para ordenar el sistema previsional y, por esta vía, darle equidad y sostenibilidad al equilibrio fiscal.
Con el reciente vencimiento (23/3) de uno de los esquemas de regularización previsional -que permitía financiar aportes adeudados con descuentos sobre la pensión-, surge la pregunta: ¿cómo abordan esta problemática otros países latinoamericanos y qué opciones persisten en el sistema argentino?
La mejora en el humor financiero contrasta con el deterioro en el humor social. Si bien los salarios y las jubilaciones le vienen ganando a la inflación, su nivel todavía está muy por debajo del que tenían hace 7 años, cuando se inició la crisis actual. La solución es pasar a la etapa de la implementación del Acta de Mayo.
Argumentando que la ley sobre movilidad previsional conspira contra el equilibrio fiscal, el presidente reaccionó enfáticamente contra el Congreso. Con la cabeza más fría, se daría cuenta que la ley, alconsolidar la licuación de las jubilaciones sufrida desde el 2017,es una oportunidad inédita para darle sostenibilidad al superávit fiscal.
El gobierno y el Congreso se disponen a modificar la movilidad jubilatoria. Esto frena la licuación, pero perpetúa las pérdidas pasadas. Es el momento apropiado para recomponer la situación de los que se jubilaron sin haber “comprado” aportes utilizando alguna moratoria
La reducción del déficit fiscal lograda principalmente mediante la reducción de las jubilaciones resultará en la disminución de la jubilación mínima a mínimos históricos debido a la licuación de los haberes. Por qué no es una estrategia sostenible.
La Administración Pública Nacional muestra superávit en el mes de enero 2024. La principal causa es la fuerte caída del gasto social, en especial, las jubilaciones. Dado que las jubilaciones están en su mínimo histórico, es necesario rápidamente migrar hacia fuentes más genuinas de sostén del equilibrio fiscal.
El descalabro macroeconómico sería mucho peor si no fuera porque en los últimos años bajó el gasto previsional gracias a la caída en las jubilaciones que provocó la muy alta inflación. Es imprescindible un ordenamiento del sistema previsional en lugar de intentar congelar esta situación manipulando la movilidad previsional.