El 2025 muestra como principal logro el mantenimiento del equilibrio fiscal. Pero las finanzas públicas siguen estando vulnerables. Para consolidarlas es imprescindible avanzar en un acuerdo de coordinación tributario y de responsabilidades entre la Nación y las provincias y en el ordenamiento previsional.
El Congreso aprobó una serie de reformas sobre el sistema previsional cuyos costos son mayores al superávit fiscal. Se trata de otro fracaso del oficialismo y de la oposición en acordar una estrategia conjunta para ordenar el sistema previsional y, por esta vía, darle equidad y sostenibilidad al equilibrio fiscal.
El gobierno revirtió la adversa dinámica fiscal.Ahora enfrenta dos nubarrones. Uno es la caída de los ingresos públicos provenientes del comercio exterior. El otro es la descapitalización de la infraestructura por caída de la inversión pública y la mala reacción que las provincias puedan tener por no recibir más las transferencias discrecionales.
El Gobierno consiguió la primera meta del Gobierno, mantuvo su compromiso con la meta de un déficit fiscal cero, pero toda la carga llegó por el lado del gasto con jubilados, personal del Estado, obra pública y provincias como principales aportantes. ¿Por qué el equilibrio fiscal no se logra por medio de un ajuste fiscal y sí por medio del ordenamiento integral del Estado?
El gobierno retiró del Congreso el capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus, pero reafirma su compromiso con el déficit fiscal cero. Es una meta deseable de cara al objetivo de salir de la decadencia siempre que no se limite a un ajuste fiscal tradicional. El equilibrio fiscal debe ser el resultado del ordenamiento del Estado
El gobierno nacional envió al Congreso una separata del Presupuesto donde se listan exenciones fiscales que no estaban identificadas históricamente y que propone eliminarlas para llegar al superávit fiscal. Se trata de otro ejemplo de improvisación y oportunismo en el manejo de la política pública.
El Estado nacional toma recursos de las zonas más productivas para asignarlos en CABA, la jurisdicción más rica del país, y en las provincias más pobres, utilizando un pésimo instrumento como es la coparticipación. La salida es un nuevo acuerdo que replantee potestades tributarias y funciones entre la Nación y las provincias.
Ante la aceleración inflacionaria producto del descalabro fiscal aparece como inevitable, aunque muy resistido, un fuerte ajuste fiscal. El camino alternativo para equilibrar de manera sustentable las cuentas públicas, y simultáneamente mejorar la gestión pública, es abordar un ordenamiento integral del Estado.
El incidente entre IGJ y el PRO es muy aleccionador de las consecuencias que tiene la desidia de no concluir la transferencia de servicios de la Nación a CABA. Que la Nación deje de intervenir en funciones provinciales es clave para eliminar el déficit fiscal, aumentar la equidad y mejorar la eficiencia del sector público.
El déficit fiscal dio un abrupto salto en enero. Es la consecuencia de haber demorado pagos para mostrar una baja del déficit en el 2022. Otra evidencia de que el ajuste fiscal no sirve para enfrentar los déficits financieros y de gestión que están provocados por la deficiente organización del Estado argentino.
El gobierno muestra satisfacción con la baja del déficit fiscal y preocupación por la alta inflación. Esto es una incongruencia ya que gracias a la inflación es que se bajó el déficit fiscal. Más preocupante es que desde la oposición tampoco aparecen ideas superadoras respecto al uso de la inflación para ajustar las cuentas públicas.