El pacto propuesto por el Presidente Milei incluye la reforma tributaria y la revisión de la coparticipación. Ambas son dos caras de la misma moneda. Estableciendo que la Nación y cada provincia se financien con sus propios impuestos es posible avanzar en la simplificación impositiva y la sustitución de la coparticipación.
El gobierno anunció la reducción de las transferencias discrecionales a provincias dentro del paquete de ajuste fiscal. Esto disminuye el déficit fiscal en el corto plazo. Pero para que sea sustentable en el mediano plazo se necesita un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y funcional entre la nación y las provincias.
La reducción en el impuesto a las ganancias está impactando sobre los ingresos de las provincias. En lugar de discutir compensaciones es la oportunidad para llegar a un acuerdo de coordinación tributaria y funcional que incluya distribuir las fuentes tributarias y sustituir la coparticipación por un Fondo de Convergencia.
La coparticipación no es un reparto que decide el Estado nacional. Es el fruto de un acuerdo político entre el Estado nacional y cada una de las provincias. Acuerdo de mucho peso porque son las provincias las que tiene las competencias tributarias. Por el acuerdo, ellas delegan dichas competencias al Estado nacional para que recaude y distribuya.
Mientras algunas provincias plantean juicios ante la Corte cuestionando la coparticipación, otras alertan que, si se eliminara, no podrían pagar los sueldos de los empleados públicos. La coparticipación no tiene arreglo. Hay que adoptar la regla de correspondencia fiscal: el que gasta, recauda.
La coparticipación empobrece a la Provincia de Buenos Aires porque le quita recursos y a las provincias del norte también porque les genera malos incentivos a sus gobiernos. La solución es un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y funcional que firmen la mayoría de las provincias.
Milei propuso revisar el régimen de coparticipación. Varios gobernadores rechazaron la idea, incluyendo la amenaza de renuncia si la propuesta se concreta. Las evidencias muestran que, para salir de la decadencia en Argentina, es impostergable ordenar el régimen federal.
El Estado nacional toma recursos de las zonas más productivas para asignarlos en CABA, la jurisdicción más rica del país, y en las provincias más pobres, utilizando un pésimo instrumento como es la coparticipación. La salida es un nuevo acuerdo que replantee potestades tributarias y funciones entre la Nación y las provincias.
No es la primera vez que ocurre un hecho de abuso del poder en una provincia del norte. Como ocurrió en el pasado, la indignación se canaliza contra la dirigencia local. Pero las causas de la degradación son los incentivos que genera la coparticipación y las transferencias nacionales a provincias.
El Censo muestra que las provincias más beneficiadas por la coparticipación tienen peor infraestructura. La razón es que la plata se usa más para el clientelismo que para el desarrollo. Por eso hay que eliminar la coparticipación. Que cada provincia se autofinancie y asistir a las regiones más pobres con un Fondo de Convergencia.
La mayor coparticipación que reciben las provincias más pobres profundiza su atraso porque se usa para expandir el gasto público clientelar. Por eso, es necesario eliminar la coparticipación para que cada provincia se financie con lo que recaude y a las provincias más pobres ayudarlas al desarrollo con un Fondo de Convergencia.