Impulso

Transcurrían los primeros días de octubre de 2009 y el escenario político aún estaba convulsionado por las recientes elecciones legislativas que marcaban que a partir de diciembre de ese año, ya no habría mayoría oficialista en el parlamento.

En dicho marco, la bancada kirchnerista reflotó la propuesta de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, que la propia Presidenta había anunciado siete meses atrás, en un acto desarrollado en la ciudad de La Plata.

Tras algunas alianzas con ciertos sectores de la oposición, como es el caso del socialismo, y algunas conciliaciones puntuales para esta norma con partidos disidentes, como con el Movimiento Libres del Sur, el dictamen que se trató con cierta inmediatez y desprolijidad, finalmente se aprobó, y entró en vigencia.

Al poco tiempo, el diputado mendocino Enrique Thomas, representante del Peronismo Federal, realizó una demanda en el Juzgado Federal a cargo de la jueza Olga Pura Arrabal en la que ponía en cuestión el proceso de sanción de la norma. Dicha reacción, consiguió una medida cautelar dictaminada porPura Arrabaly confirmada por la Cámara Federal de Mendoza,que suspendió la aplicación de toda la norma.

Asimismo, a lo largo y a lo ancho del país hay casi 30 expedientes en detrimento de la nueva ley, la mayoría promovidos por particulares, en especial licenciatarios de radio y TV, que piden que se declare la inconstitucionalidad de uno o dos artículos, como el que exige la desinversión para evitar los monopolios y el que fija un plazo de un año para concretarla. Sin embargo, la única demanda que tomó marcada relevancia fue la que paralizó la sanción -y la que estudiaráel mayor órgano de justicia-, realizada por Thomas.

Desde aquella situación al 3 de mayo de este año, el paisaje no se había modificado en nada. Fue allí cuando el Poder Ejecutivo elevó una apelación en forma de recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitarle la intervención en este caso, que según alega en su comunicado, es de "gravedad institucional", ya que una medida cautelar suspendió todo el procedimiento de sanción de una Ley aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras, aunque, de acuerdo al demandante, con vicios en su formación.

En este sentido, la CSJ dio lugar al pedido del Gobierno Nacional, e hizo público que el miércoles 19 de mayo decidirá la “admisibilidad” de esta apelación, que versará sobre el criterio desi es pertinente -o no- llevar adelante el tratamiento de esta medida.

Si la Corte considerara "inadmisible" el recurso porque "no se dirige contra una sentencia definitiva", la ley quedaría frenada hasta que hubiera pronunciamientos judiciales (de Mendoza o de otros tribunales del país) de si la ley es constitucionalmente válida o no.

El caso contrario, si la Corte declarase "admisible" el recurso, entonces deberá pedir opinión al procurador general de la Nación, Esteban Righi, lo que llevaría, al menos, un mes más para un eventual fallo del superior tribunal.