La marcha de apoyo a Cristina Kirchner, en rechazo al juicio de la causa Vialidad, sumó en las últimas horas respaldos que no se habían visibilizado.
El vallado en las inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta y los cruces con la Policía de la Ciudad encolumnaron a todo el PJ y a organizaciones sociales cercanas al Frente de Todos.
En los últimos días se confirmó que un sector del kirchnerismo trabaja para realizar una marcha “con un millón de militantes” en respaldo a Cristina Kirchner, tras los alegatos del fiscal Diego Luciani y el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La movilización contaba con poco respaldo de otros sectores del oficialismo hasta los incidentes de este sábado. Al ser consultado sobre si Somos Barrios de Pie se sumará a la marcha, Daniel Menéndez -coordinador nacional de la organización y actual subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social- contestó que “seguramente sí”. “Todavía es pronto, pero sí”, afirmó.
Las diferencias que surgieron tras el pedio de Cristina Kirchner de quitar el manejo de los planes sociales a las organizaciones y pasarlos a manos de los intendentes parecen haber entrado en compás de espera.
En la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) no está tan clara la decisión, pero aseguran que hay libertad de acción. Su líder, Juan Grabois, hizo una cerrada defensa de Cristina Kirchner y se mostró entre los militantes que se pudo ver este fin de semana en Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.
“Desde la UTEP no solemos participar de cuestiones político partidarias en particular, sino que cada organización que conforma el sindicato tiene autonomía y convoca particularmente en cada caso”, explicaron desde la organización.
Además, para este 3 de septiembre, el PJ bonaerense prepara un congreso, que podría cerrar la Vicepresidenta.
La izquierda al margen de las marchas convocadas por el kirchnerismo
Mientras el oficialismo copa la calle y sale en bloque en defensa de Cristina Kirchner, las organizaciones sociales enfrentadas con el Gobierno mantienen su agenda propia.
Este lunes comienzan las auditorías sobre los más de 1,3 millones de beneficiarios de planes sociales que realizarán universidades nacionales. Se comenzará por censar la localidad bonaerense de Lanús y el objetivo es cruzar datos para “limpiar” la lista. En las organizaciones sociales consideran que es un mecanismo para justificar un recorte.
“Esta semana comienzan las auditorias en distintas localidades. Estaremos atentos a ello para ver cuál es verdaderamente la intención”, dijo Silvia Saravia, coordinadora nacional de Libres del Sur Barrios de Pie.
El tema de las auditorias fue central en la reunión que mantuvieron el jueves con el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Zabaleta. Tras el encuentro, los dirigentes de Unidad Piquetera dijeron que “sigue adelante el plan de ajuste”.
Este lunes, al mismo tiempo que comienzan esas evaluaciones, se reunirá la dirección nacional de la Unidad Piquetera. Tanto Saravia como Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, confirmaron que allí se definirá si avanza un nuevo plan de lucha.
Saravia contó que, además, están “realizando una campaña en las calles juntando un millón de firmas para que congelen los precios de los alimentos y las tarifas”. “Queremos que se trate una ley en el Congreso, desde el mecanismo de Iniciativa Popular”, dijo.