La concejala Gigliani dijo que “las organizaciones criminales avanzan más rápido que el Estado, muchas veces asesoradas por abogados, contadores y escribanos para sortear los filtros”.
La concejala Fernanda Gigliani sumó aportes a la discusión del proyecto de la Municipalidad de Rosario para controlar el lavado de activos y pidió por un sistema de alerta despersonalizado e incorruptible.
La referente de Iniciativa Popular reclamó por la conformación de una norma efectiva, mejor a la actual que permita crear un sistema de alerta digital y despersonalizado para controlar el blanqueo.
La concejala fue de las primeras en presentar iniciativas respecto al lavado de activos desde la creación de la ordenanza 9204/14. “Fuimos los que insistimos con la reglamentación de la ordenanza aprobada en el Concejo. Se votó en 2014 y el municipio tenía 130 días para reglamentarla. Se tomaron dos años y medio para hacerlo. Cuando finalmente se ejecutó desnaturalizaron el espíritu de la norma. Mónica Fein y Pablo Javkin son los que tendrán que explicar qué hicieron desde que se aprobó la ordenanza” expreso.
La concejala siguió diciendo: “Pedimos que proyectos como el Hotel Sheraton en Puerto Norte o las obras en el Club MOP de la Costa Central pasen por el tamiz de esta ordenanza y nunca se nos acompañó. El proyecto nuevo que envía la Municipalidad contempla todo lo que venimos planteando desde el año 2016. Entiendo que la norma actual no es mala, hay que complementarla y mejorarla para que el municipio acceda a la información y a partir de allí, haga la denuncia pertinente vía judicial o informar a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Definir qué se hace con la información obtenida”, indicó Gigliani.
Lo que la concejala propone es ampliar la ordenanza 9204/14 e incorporar al sistema de control emprendimientos como playas de estacionamiento, guarderías náuticas, hostels, hoteles y alojamientos transitorios para turistas.
Además de la actualización del monto de las inversiones que pasan por este tamiz, utilizando el de las licitaciones públicas. Hoy fijado en 4,7 millones de pesos.
“Es fundamental alentar y generar la llegada de inversiones, pero igual de importante es que el origen de las mismas provenga de actividades lícitas. El desafío es incorporar nuevos rubros y mejores mecanismos de control, porque las organizaciones criminales avanzan en sus estructuras de lavado, incluso más rápido que el propio Estado en la generación de políticas de control”, agregó.
Sobre la generación de nuevas estructuras y cargos dentro del Estado para controlar el lavado, la concejala opinó: “Las organizaciones criminales, muchas veces, están asesoradas por abogados, contadores y escribanos para sortear los filtros y controles estatales. Entiendo que lo que debemos hacer es despersonalizar el control y crear un sistema digitalizado de alertas para prevenir el lavado. Caso contrario, que las alertas queden definidas por la decisión de las personas, conlleva el riesgo de caer en fallas, amenazas y hasta intentos de corrupción” finalizó.