Impulso

Este jueves continuó la audiencia preliminar del juicio contra el fiscal regional Patricio Serjal y el empleado del MPA, Nelson Ugolini. Ambos están sospechados de haber integrado una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en Santa Fe, en lugar de perseguirlo. Los pedidos de prisión efectiva para ambos fueron de 12 y 5 años, respectivamente, e inhabilitación absoluta para cargos públicos. La investigación corrió por cuenta de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos.

En el segundo día de audiencia, el Tribunal rechazó por unanimidad el pedido que habían hecho los abogados de Ugolini y de Serjal, que habían solicitado ayer el sobreseimiento para sus defendidos e invalidar la acusación presentada por Schiappa Pietra y Edery. 

Serjal llegó al Centro de Justicia Penal acompañado por su madre. Estaba vestido con jeans, zapatillas y buzo con capucha. Y su semblante parecía ser el de quien sabe que puede volver a la cárcel en poco tiempo, tras haber sido el jefe de los fiscales de Rosario. Cabe recordar que ya estuvo preso por esta misma causa, pero primero logró pedir un permiso para salir de la prisión por haber perdido mucho peso y después consiguió esperar el juicio en libertad con una caución de 10 millones de pesos. Había sido detenido en agosto de 2020, imputado de cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, transmisión de datos reservados y omisión de persecución.

La causa por el juego ilegal se inició con el asesinato de un apostador en el City Center en enero de 2020: un gerente del Banco Nación de Las Parejas que había venido a Rosario a apostar en el casino y resultó muerto cuando salía a fumar. La investigación por el crimen detectó que Los Monos habían buscado esa noche extorsionar con un atentado y que existía una red que protegía el juego ilegal, con participación entre otros del fiscal general Patricio Serjal y del fiscal regional de Rosario, Gustavo Ponce Asahad que acordó un juicio abreviado. El capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti, otro de los actores claves en la causa, también acordó un juicio abreviado y brindó información sobre los sectores de la política y la justicia a los que pagaba coimas. Uno de los mencionados fue el senador provincial Armando Traferri.

Para los jueces, como está dicho, no hubo ilegalidad en la recolección de pruebas. El Tribunal integrado por Eleonora Verón, Paula Álvarez y Alejandro Negroni rechazó por unanimidad el planteo de la defensa de los acusados, que cuestionó que se presenten como pruebas la declaración de Luis Rossini -abogado del capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti-, los juicios abreviados en esta misma causa, o el listado de llamadas entrantes y salientes del senador Armando Traferri.

El pedido para evitar la palabra de los testigos 

Otra de las controversias planteadas por la defensa de Serjal estuvo relacionada con la lista de testigos que ofrecieron Edery y Schiappa Pietra. Tras conocerla, los abogados defensores del ex fiscal regional pidieron aclarar motivos para convocar al juicio a la viuda de David Perona -capitalista del juego ilegal en Rafaela, fallecido por COVID- y al ex director del Organismo de Investigaciones, Marcelo Saín. También cuestionaron que sean citados a declarar el capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti y Ponce Asahad, ambos ya condenados en esta causa. “La solicitud podría ser resuelta por el Tribunal este viernes, en el tercer día de audiencia preliminar, o bien más adelante”, explicó una fuente del MPA.  

Ponce Asahad trabajó bajo las órdenes de Serjal y asumió su responsabilidad por haber sido parte del engranaje político judicial que presuntamente protegía una red de juego ilegal en la provincia. Antes del juicio contra su ex jefe y otro empleado del MPA, analizó: “Es muy justa la instancia que se está atravesando, la responsabilidad debe cumplirse. Pero además de la situación que están transitando Serjal y Ugolini, la gran deuda institucional de la provincia es que una de las tres cabezas de esta causa, que es el senador Traferri, siga blindado impunemente por gente de su bloque político y por otros senadores que le han garantizado el privilegio injustificado de sus fueros”.