El gobierno retiró del Congreso el capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus, pero reafirma su compromiso con el déficit fiscal cero. Es una meta deseable de cara al objetivo de salir de la decadencia siempre que no se limite a un ajuste fiscal tradicional. El equilibrio fiscal debe ser el resultado del ordenamiento del Estado
Se publicó el resultado fiscal del sector público nacional del 2023. El déficit fiscal primario ascendió a 3% del PBI. Si se suma el pago de intereses de deuda pública, se llega a un desequilibro de casi 6% del PBI. Esto es lo que se denomina “necesidad de financiamiento”, es decir, la brecha de gasto respecto de los ingresos que el Estado debe financiar con deuda pública o con emisión monetaria. Como el Estado argentino tiene prácticamente cerrado el acceso al crédito, no queda otra opción que financiarlo con emisión monetaria. Si a esto se suman las pérdidas del Banco Central, se entiende la muy alta inflación.
Ante este panorama se justifica la alta prioridad que el gobierno le asigna a lograr el equilibro fiscal. Con ese objetivo introdujo en la discusión parlamentaria el capítulo fiscal de la ley ómnibus. Allí se planteaba, entre otras medidas relacionadas con los ingresos públicos, el aumento de los derechos de exportación y una nueva moratoria y blanqueo de capitales. Por el lado del gasto, se planteaba suspender la movilidad jubilatoria. Finalmente, ante tantas desavenencias políticas, este capítulo fue retirado del Congreso, aunque el gobierno manifestó enfáticamente que se mantiene la meta de déficit fiscal cero.
¿Cómo se enmarcan los resultados fiscales del 2023 en la dinámica de las finanzas públicas en los últimos años? Según datos del Ministerio de Economía se observa que:
- El resultado financiero promedio entre los años 2000 y 2023 fue de –2,2% del PBI.
- El resultado financiero promedio de los últimos 10 años fue de –5% del PBI.
- El resultado financiero del 2023 fue de –5,9% del PBI.
Fuente: IDESA en base a Ministerio de Economía
Estos datos muestran que el desequilibrio en las cuentas públicas nacionales es crónico y creciente. Sólo hubo resultado financiero positivo entre los años 2003 y 2008 que se explica por los aumentos de ingresos públicos derivados de un contexto internacional inéditamente favorable y a que la contabilidad pública no registraba como gastos los intereses que devengaba la deuda en default ni los juicios planteados por jubilados agraviados debido a que no se cumplía con la movilidad previsional.
Junto con la crónica acumulación de desequilibrios financieros se fueron gestando otros fenómenos no menos negativos. Por un lado, la tendencia a crear y aumentar malos impuestos. Solo un tercio de la recaudación tributaria nacional proviene del IVA y Ganancias que son los tributos en los que reposan los países bien organizados. Los dos tercios restantes provienen mayoritariamente de tributos que castigan la producción y el empleo (cargas sociales, impuesto al cheque, derechos de exportación e importación, impuestos internos). Por el otro, se han enquistado muy malas prácticas de administración del gasto público. La asignación de fondos públicos en áreas no prioritarias y el desprecio por la eficiencia son moneda corriente en el Estado.
La larga decadencia y la profunda crisis actual no es sólo porque el Estado gasta por encima de sus ingresos. Cuenta también que el Estado aplica muy malos impuestos y administra el gasto con mucha desidia. Poner énfasis exclusivamente en el aspecto financiero, menospreciando cuestiones cualitativas respecto a los tributos que se aplican y a qué y cómo se asigna el gasto público, es un peligroso error de diagnóstico. Sobre esta visión equivocada se apoyan las estrategias de ajuste fiscal tradicionales. Toda la atención se concentra en mostrar equilibrio en la contabilidad pública asumiendo que esto basta para automáticamente reducir la inflación y reactivar la producción.
En el ajuste fiscal tradicional subyace un simplismo riesgoso. Por ejemplo, cerrar el déficit con más impuestos distorsivos, como los derechos de exportación, es una estrategia inconducente porque cercena la producción. Lo mismo ocurre al pretender bajar el gasto publico manipulando la movilidad previsional, porque exacerba la litigiosidad. El traspié del gobierno en el Congreso no debería motivar tanto el énfasis en alcanzar la meta de déficit 0 (lo que aisladamente llevará a una nueva frustración) sino en lograr la solvencia financiera y también de gestión en base a un ordenamiento integral del Estado.
Fuente: IDESA.org