La Defensa de los policías acusados por la desaparición y muerte de Franco Casco busca la absolución en la audiencia que se dará este martes en los Tribunales Federales de Rosario.
Según indicaron quienes representan a Diego Álvarez, quien era comisario de la Séptima, “creemos que no existe prueba alguna en contra de nuestros asistidos”.
“Jurídicamente están dadas todas las condiciones para la absolución, Después siempre hay otros factores en juego, hay una presión social. Cuando empezó este juicio en diciembre de 2021, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Pietragala, vino a estar enfrente del tribunal. Entonces, es un hecho político, una resolución. Por eso insisto, jurídicamente están dadas todas las condiciones para la absolución”, añadieron.
Los abogados remarcaron que la carátula contra Álvarez de desaparición forzada de personas y tortura seguido de muerte es errónea. “Nosotros confiamos mucho en el tribunal. Consideramos que la sociedad de Rosario ha entendido, los que siguen este caso han entendido lo que pasó realmente”, continuaron.
Del mismo modo, expresaron a modo de “opinión personal”, que Franco Casco “se ahogó, pero sin intervención ajena”.
Por su parte, el representante de la querella, Salvador Vera, expresó a RedBoing: “El último lugar donde Franco fue visto con vida y se tuvo noticias de él fue dentro del calabozo de la seccional séptima. Esperemos que sobre este presupuesto los jueces decidan”.
“Es un caso que merece una resolución, que merece una declaración de verdad. Que esta declaración de verdad sea contundente porque se trata de un caso gravísimo de violación a los derechos humanos sobre el presupuesto de una práctica muy institucionalizada y extendida de las fuerzas de seguridad policiales, de privación de libertad y de aplicación de diferentes severidades en contexto de falta de registro y que en este caso llegó a extremo de la muerte”, añadió.
El querellante destacó que a su entender está acreditada la privación de libertad y la muerte. “Entendemos que en función de eso debería condenarse y el mensaje debería ser este, que es necesaria la aplicación de instrumentos y recursos de control preventivos en torno a las acciones de las fuerzas de seguridad. Hay 14 pedidos de prisión perpetua realizados por las querellas y por la fiscalía, con otros pedidos menores y otros adicionales”, concluyó.