Ante la contundencia de las pruebas reveladas durante el alegato, el fiscal Luciani pidió una dura condena tanto para Cristina Fernández de Kirchner como para Báez y los exfuncionarios acusados de participar por el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a Grupo Austral.
Tras presentar los últimos elementos de prueba, pidieron una condena de 12 años de prisión para la expresidente. Asimismo, se reclamó la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y el decomiso de sus bienes hasta cubrir el monto del perjuicio al Estado.
Si el tribunal condena a Cristina, veredicto que se conocería a fin de año, la pena sólo se volvería efectiva si el fallo queda firme luego de una revisión de la Corte Suprema, lo que podría llevar años.