El Concejo de la ciudad de Santa Fe sancionó una norma prohibiendo a la Municipalidad celebrar contratos con empresas procesadas o condenadas por delitos contra el orden económico y financiero, y contra la administración pública.
La ordenanza (N° 12.556) prohíbe a la Municipalidad “celebrar contratos a título oneroso, adjudicar contrataciones, concesionar la explotación de bienes o servicios públicos”, con personas físicas o jurídicas procesadas o condenadas por delitos de corrupción. También se incluyen en esta limitación a las UTE.
La norma, aprobada por unanimidad, establece para la ciudad una limitación en la firma de contrataciones, adjudicaciones, concesiones (previa licitación pública) a empresas implicadas en tres delitos concretos: contra la administración pública, contra la buena fe, y contra el orden económico y financiero, todos tipificados en el Libro Segundo del Código Penal de la Nación.