El 30 de septiembre, finaliza el decreto 320/20 que mantiene congelados los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos; además, crecen las denuncias por incumplimiento de la nueva ley o por presiones para aplicar incrementos.
El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, declaró que “la situación es gravísima en materia de presión de inmobiliarias y propietarios para desalojos violentos sobre inquilinos e inquilinas que no pueden abonar el alquiler o que tienen deudas y que no saben adónde van a ir a vivir una vez que finalice el decreto”.
Para Muñoz, que también es referente de Inquilinos Agrupados, “si el decreto no se extiende, puede generarse una catástrofe, porque nosotros hicimos una encuesta sobre el mes de agosto y arrojó que el 30% de las personas que alquila no puede pagar el mes y, dentro de ese porcentaje, la mitad tiene deudas de dos meses o más de alquiler”.
Asociaciones y entidades como la Federación de Inquilinos y la Defensoría del Pueblo solicitan que el decreto 320/20 se extienda hasta marzo de 2021.
Por este motivo, le enviaron una carta a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, en la que expresan una profunda preocupación por la finalización del decreto.
Muñoz destacó, además, que “los que acumulan varios meses de deuda son casi siempre las familias que tienen hijos, porque la gente que no los tiene encuentra más fácilmente un lugar para vivir o alguien que le dé una mano por un tiempo; por eso, la mayor presión suele ser sobre mujeres solteras con hijos”.
En caso de extenderse el decreto, también le presentaron un plan de desendeudamiento de las familias a la Anses para que se resuelva la situación en el mediano plazo, y que los propietarios que vivan del alquiler reciban una compensación.
Emmanuel Canelli, de la Asociación Inquilinos Rosario agregó que “en estos meses las personas van a poder reacomodarse económicamente y también va a quedar más clara la Ley de Alquileres, que muchos que no la entienden piden cualquier monto”.