El presidente Gabriel Boric convocó para mañana, a las 16, a dirigentes de la coalición gobernante, para analizar en el Palacio de La Moneda la forma de dar continuidad al proceso constitucional y reflexionar sobre el resultado del plebiscito, según fuentes oficiales citadas por medios locales.
El rechazo a la nueva Constitución de Chile se imponía con 62% de los votos válidos del plebiscito de hoy contra 38% favorable a la aprobación, cuando se había completado 88,08% del escrutinio oficial.
Paralelamente, mientras dirigentes partidarios de la aprobación admitían la derrota, el presidente Gabriel Boric convocó a referentes de su coalición para mañana, a las 16, con el objeto de analizar la continuidad del proceso constitucional.
“Estamos impactados, tristes, pero reconocemos naturalmente la derrota; es una voz que habló de manera muy limpia y que hay que escuchar con humildad y agradecimiento”, afirmó la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS, partido oficialista), Flavia Torrealba.
“La Constitución de Pinochet está enterrada, el proceso sigue en marcha; vamos a una segunda etapa de esta conversación”, agregó.
Asimismo, la exconvencional Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, dijo que “Chile va a tener una nueva Constitución; tarde o temprano, la decisión democrática del pueblo se va a volver a manifestar y ese proceso va a representar a las grandes mayorías”.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric convocó para mañana, a las 16, a dirigentes de la coalición gobernante, para analizar en el Palacio de La Moneda la forma de dar continuidad al proceso constitucional y reflexionar sobre el resultado del plebiscito, según fuentes oficiales citadas por medios locales.
Mientras tanto, simpatizantes del rechazo festejaban en caravanas de autos, que habían tomado las calles de distintos sectores de la capital y de otras ciudades del país, con banderas chilenas y bocinazos.
Los chilenos fueron a las urnas para decidir en plebiscito si aprueban o rechazan el proyecto de Constitución elaborado con el fin de sustituir la carta magna vigente, sancionada durante la última dictadura (1973-90). Las encuestas vaticinaron una desaprobación mayoritaria.