El bloque de concejales del Frente para la Victoria en el Concejo Municipal de Rosario presentó un proyecto que crea un marco regulatorio para el uso de cámaras de seguridad instaladas en la vía pública.
Debido a la necesidad de regular la instalación de cámaras de videovigilancia, su uso y el tratamiento de las imágenes captadas, los ediles Roberto Sukerman y Norma López, elaboraron una iniciativa que apunta a evitar que las imágenes de seguridad tomadas en la vía pública no vulneren los derechos a la intimidad y privacidad de las personas.
Como dato saliente, el proyecto también incorpora la posibilidad de firmar convenios entre la Municipalidad y personas físicas y jurídicas para que éstas adquieran e instalen a su propio cargo las videocámaras, siendo obligación del municipio incorporarlas al sistema público de monitoreo.
En adelanto a IMPULSO, el concejal Roberto Sukerman, declaró: “Teniendo en cuenta que el sistema opera como un elemento disuasorio y preventivo, facilita la investigación en muchos hechos de carácter delictivo y, a la vez, permite guiar a los móviles policiales en la lucha contra el delito, queremos avanzar en la construcción de un marco regulatorio que colabore con el perfeccionamiento del sistema y también brinde seguridad en lo que respecta al control de las imágenes captadas. No queremos que se vulneren los derechos al honor, a la intimidad y privacidad de las personas”.
Entre los puntos destacados del proyecto, aparece la figura de una Comisión de Garantías de Videovigilancia y la creación de una Autoridad de Aplicación.
La Comisión de Garantías estará integrada por seis concejales y representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, el Poder Judicial, la Policía de la provincia de Santa Fe, las fuerzas nacionales de seguridad, y la Universidad Tecnológica Nacional.
“Entre sus facultades, se encuentra solicitar la destrucción de las grabaciones cuando considere que se han cumplido las prescripciones legales de su procedencia, requerir informes a las autoridades y formular recomendaciones”, remarcó Sukerman.
Mientras tanto, en lo que concierne a la Autoridad de Aplicación, la misma deberá autorizar la instalación de las cámaras, emitir certificados de habilitación, designar al personal técnico profesional que se desempeñará en el área, e imponer las sanciones administrativas que correspondan.
Por último, el proyecto que regulará dispositivos instalados tanto por el Estado como por empresarios y vecinos frentistas, prevé como factor novedoso un sistema de sinergia entre el sector público y el privado.
“Para el Estado, la asociación con empresario permitirá ofrecer más cámaras de seguridad para el sistema de monitoreo. Mientras que el sector privado se verá beneficiado al contar con un seguimiento satelital que funcionará las 24 hs. La idea nuestra es que los empresarios aporten inversiones con la compra de equipamiento y el Estado las regule”, culminó el edil.