La situación de los alquileres en Rosario se está viendo afectada por aumentos significativos producidos por diversos motivos como la nueva Ley de Alquileres y las extensiones en los congelamientos que se llevaron a cabo por la pandemia.
Los aumentos en los nuevos contratos escalan a cifras que, en algunos casos superan el 70%, lo que provoca que muchas personas empiecen a tener dificultades para afrontar en tiempo y forma el costo del departamento.
En base al relevamiento llevado a cabo por la ONG Concejalía Popular, en lo que va del año el 26% de los inquilinos de Rosario se encuentran con retrasos en el pago de sus alquileres, mientras que los negocios comerciales locales trepan al 35% de morosidad y aseguraron que “hay un gran porcentaje imposible de medir porque los contratos están en negro”.
En coincidencia con los números que maneja la entidad, una encuesta de la Federación Nacional de Inquilinos sobre 2.863 personas que alquilan expuso que solamente en enero el 35, 5% de los encuestados no pudo pagar el alquiler de la vivienda que habita, o solo pudo hacerlo de manera parcial.
Además, el informe señala que quienes no poseen casa propia entre 14 y 15% de los relevados sufrió hostilidades, amenaza de no renovar el contrato y un 9% fue amenazado de desalojo por esa situación, a pesar de que la ley lo prohíbe en estas circunstancias de pandemia.
Para el referente de la Defensoría del Inquilino de Rosario, Sebastián Artola, “el panorama es crítico, por eso es necesaria una política pública integral de acceso a la vivienda y, en particular, a la vivienda en alquiler”.
“Hay que regular y pesificar el mercado inmobiliario, no podemos aceptar más que haya quienes especulen y quieran hacer negocios con la angustia y la desesperación que padecen quienes hoy tienen negado su derecho a la vivienda”, concluyó.