El proyecto ingresó en el Concejo Municipal y establece la obligatoriedad de la realización de exámenes toxicológicos de manera aleatoria a todo el personal político del Departamento Ejecutivo y del Concejo Municipal de Rosario.
El autor del proyecto, Federico Lifschitz destacó que el examen incluye al intendente, secretarios, subsecretarios y autoridades de entes descentralizados.
“Estamos convencidos que la detección de consumo de sustancias psicoactivas en funcionarios públicos permite prevenir situaciones que puedan afectar el correcto ejercicio de sus funciones y la toma de decisiones”, adelantó el concejal.
De esta manera, los funcionarios públicos deberán someterse a pruebas obligatorias de test toxicológicos al inicio de su mandato. Al mismo tiempo habrá otros con intervalos regulares y de selección aleatoria.
“Posteriormente al test inicial, las pruebas se realizarán a intervalos regulares de seis meses con selección aleatoria de participantes. Para llevar a cabo estos controles semestrales, se utilizará un software de generación de números aleatorios para seleccionar a los funcionarios que deberán realizar las pruebas. Este proceso garantizará la imparcialidad y transparencia en la selección y deberá ser publicado periódicamente en la web oficial”, explicó.
Vale decir que quienes a partir de una prescripción médica justifiquen el uso de algún fármaco deberán presentar certificado de un profesional competente de manera periódica dando cuenta de la prolongación del tratamiento.
La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Secretaría de Salud Municipal, la cual deberá establecer el protocolo de realización de los test y los mecanismos de resguardo de la información obtenida.
En caso de detectarse resultados positivos, y sin perjuicio de los procedimientos administrativos que correspondan, la autoridad de aplicación comunicará dicha circunstancia a las autoridades correspondientes; y se procederá al cese en sus funciones, para el personal superior y de gabinete. El personal que se niegue a realizar el examen estará sujeto a medidas disciplinarias.
[08:42, 23/5/2025] Andrés Cánepa: Blanqueo por Decreto: Gigliani contra la el blanqueo indiscriminado de capitales provenientes de la evasión y el lavado de activos.
La concejala presentó un proyecto de Declaración a través del cual rechaza la decisión del gobierno de Javier Milei. “Debilita la lucha contra el lavado de capitales y el crimen organizado”, dijo
La concejala Fernanda Gigliani expresó su profunda preocupación por la Desregulación de Capitales no Declarados anunciada por el gobierno nacional.
“Habilitar el ingreso al sistema económico formal de capitales no declarados sin la aplicación de mecanismos de control rigurosos para verificar su origen, atenta contra la lucha del lavado de activos y el crimen organizado, especialmente en una ciudad como Rosario, que históricamente afectada por el narcotráfico”.
Gigliani advirtió que la ausencia de controles eficientes en este blanqueo de capitales podría facilitar la legitimación de fondos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico y la evasión fiscal.
“Esta medida permitiría a personas físicas y jurídicas ingresar al sistema económico fondos cuyo origen no se encuentra acreditado, sin controles eficientes, lo que podría habilitar el ingreso de dinero proveniente de actividades ilícitas”, señaló.
La postura se fundamenta en la experiencia local, donde el lavado de dinero ha sido una herramienta clave para las organizaciones criminales. La ciudad ha sido pionera en la creación de herramientas institucionales para la prevención del lavado de activos, como la Ordenanza N° 9204/2014, que creó el Sistema de Control Económico Financiero de Grandes Inversiones, y la Ordenanza N° 10370, que estableció la Oficina Municipal de Prevención y Control del Lavado de Dinero.
Además, Gigliani destacó la reciente apertura en 2022 de una delegación regional de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario, fruto de una demanda histórica de fiscales, jueces federales y organismos municipales, y considerada una herramienta clave para el control de operaciones sospechosas en una región altamente vulnerable.
Organismos nacionales como la UIF, la AFIP, el BCRA y el Ministerio Público Fiscal han advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos de implementar políticas de blanqueo de capitales sin la debida supervisión. “Medidas de desregulación como la anunciada por el Gobierno Nacional colisionan con las políticas públicas de transparencia y control que la ciudad de Rosario ha sostenido en los últimos años, y que representan un serio retroceso en la lucha contra el crimen organizado”, dijo Gigliani y cerró: “Le pedimos al municipio asegurar el pleno
funcionamiento de los organismos locales destinados al control de
activos, independientemente de la continuidad o accionar de las reparticiones nacionales”