La Corte Suprema de Justicia dio marcha atrás con el fallo tomado en 2018 que confirmaba que los delitos de corrupción en los que estén involucrados funcionarios públicos sean imprescriptibles.
La Corte Suprema de Justicia dio marcha atrás con el fallo tomado en 2018 que confirmaba que los delitos de corrupción en los que estén involucrados funcionarios públicos sean imprescriptibles. Los jueces a cargo, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti ordenaron el dictado de un nuevo fallo.
A pesar de que la Corte no descartó que dichos delitos sean imprescriptibles, sí se cuestionó la forma en que la Cámara Federal de Casación se pronunció para llegar a esa conclusión. Los hechos investigados ocurrieron entre 1993 y 1995.
Hace cuatro años, los camaristas de Casación revocaron la prescripción de la causa IBM-DGI y ordenaron la realización del juicio. Con ese criterio, las defensas de los imputados (Mario Grinschpun, Luis Ricigliano, Carlos Augspach y Eduardo Roggenbau) apelaron sus condenas argumentando que el fallo estaba basado “en tres votos individuales”, lo que no constituía una mayoría homogénea.
Ahora, la Corte concordó en que “la resolución recurrida no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial sobre los fundamentos que dan apoyo a la decisión”. El máximo tribunal subrayó que “los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria sobre la sustancia de las razones que dan fundamento a lo que se resuelve”.
De esta manera, el expediente de la causa volvió a Casación para que se dicte un nuevo fallo. En el mismo, los jueces podrán o no sostener cuándo y por qué este tipo de delitos podrían ser imprescriptibles.