Espacios como Fundación Alem (Unión Cívica Radical), Fundación Pensar (PRO) y el Instituto Hannah Arendt (Coalición Cívica ARI) argumentaron que la iniciativa tiene “aspectos de dudosa constitucionalidad".
La fundaciones pertenecientes a las fuerzas que integran Juntos por el Cambio -la Fundación Alem (Unión Cívica Radical), Fundación Pensar (PRO) y el Instituto Hannah Arendt (Coalición Cívica ARI)- manifestaron su rechazo al proyecto de reforma judicial por considerar que se trata de una iniciativa “inoportuna, innecesaria, mal estructurada, altamente costosa y con aspectos de dudosa constitucionalidad“.
Así lo expresaron a través de un comunicado conjunto en el que criticaron también “la oportunidad elegida para lanzar estos proyectos“ e hicieron referencia al “delicado momento sanitario” producto de la pandemia de coronavirus y a que “se avecina una crisis social y económica sin precedentes“.
En ese sentido, entendieron el debate propuesto con la reforma judicial impulsada por el Gobierno “si bien es necesario, carece de urgencia en este momento“.
“En efecto, las reformas judiciales no pueden ser diseñadas a las apuradas ni impuestas por la fuerza de mayorías legislativas circunstanciales“, manifestaron desde los centros de estudios de Juntos por el Cambio.
También, juzgaron necesario que atento “la trascendencia y posible impacto de los cambios impulsados, también resulta esencial que sea parte de un acuerdo programático acordado con las distintas fuerzas políticas, para otorgarle la legitimidad que requieren reformas de esta naturaleza“.
También, cuestionaron como “totalmente irrazonable crear más juzgados penales federales con el diseño actual“ y consideraron que la propuesta de “23 nuevos juzgados carece de todo fundamento empírico, ya que la carga de trabajo de ninguno de los dos fueros justifica la creación de esa gran cantidad de juzgados“.
“En cuanto al impacto presupuestario del proyecto, se crean 323 cargos (jueces, fiscales, defensores y funcionarios). Solo de sueldos de los mencionados cargos, el costo anual aproximado es de 1.703 millones de pesos“, indicaron las fundaciones vinculadas a los partidos políticos que conforman juntos por el Cambio.
“Si realmente se quiere avanzar en mejorar el sistema judicial, se deberían remitir al Congreso los pliegos de magistrados que ganaron sus concursos y que luego fueron retirados del Senado, iniciar el tratamiento del proyecto de Código Penal de la Nación, impulsar la sanción del Código Procesal Federal Civil y Comercial10, y continuar la implementación progresiva del sistema acusatorio actualmente en funcionamiento en Salta y Jujuy“, finalizaron en el texto difundido.
Télam