Desde el sector inmobiliario sostienen que es necesaria una modificación a la ley de alquileres y, entre otros argumentos, expresan que a raíz de la nueva legislación hubo una importante retracción de la oferta en el mercado y que esto provocó un incremento en los valores.
Los datos surgen de una encuesta realizada a 3.300 operadores inmobiliarios y analizada por el Observatorio Inmobiliario de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi).
La misma refleja las preocupaciones y expectativas del sector, que apuntan a dos temas fundamentales: el rechazo a la ley de alquileres y la necesidad de políticas públicas que incentiven la inversión.
“El índice de actualización fue creado para que los inquilinos no tengan que pagar tanto y la realidad es que con el alto grado de inflación que hubo en los últimos meses, los terminó perjudicando: esa actualización está dando un 40 por ciento”, explicó el director ejecutivo de Camesi, Mariano García Malbrán.
Por otra parte, el informe indica que, desde la puesta en vigencia de la norma, 8 de cada 10 operadores tuvieron propietarios que retiraron sus inmuebles de la oferta de alquiler, por lo que esa cartera se achicó aún más encareciendo las unidades.
“Lo que empieza a suceder es que los propietarios prefieren vender y no alquilar, y esto termina agravando el déficit habitacional que tenemos en nuestro país, por eso es necesario rever la Ley”, analizó Malbrán.
En lo que respecta a los incentivos de políticas públicas para impulsar la actividad, el 75 por ciento de los operadores consultados considera necesario extender el plazo del beneficio de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, conocida como “blanqueo de capitales para la construcción”.
El sondeo de la entidad que agrupa a empresas y operadores del sector refleja que el 66 por ciento de los consultados considera positivo el impacto de la norma para favorecer la construcción.
Un eventual incentivo del Estado orientado hacia la construcción destinada a la renta, es aprobado por un 74 por ciento de los consultados. Casi unánimemente, operadores y empresas sostienen que el gobierno debe exceptuar del pago de algunos impuestos a locales comerciales, galerías, estacionamientos y oficinas.