El nuevo ente deberá comenzar a operar en un plazo máximo de 180 días, y tendrá como objetivo central la regulación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad bajo jurisdicción federal.
La medida implica la transferencia del personal, bienes y patrimonio de los organismos actuales al nuevo ente, garantizando la continuidad de las condiciones laborales hasta la completa reestructuración administrativa.
El proceso de constitución responde a lo establecido en el artículo 161 de la Ley 27.742, que autorizó al Poder Ejecutivo a dictar las normas necesarias para consolidar esta nueva estructura regulatoria.
El directorio del organismo estará compuesto por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, seleccionados por sus antecedentes técnicos y experiencia en el sector energético. Los mandatos serán de cinco años, con posibilidad de renovación indefinida y un sistema de ceses escalonados para garantizar la continuidad institucional. Además, el Ejecutivo deberá informar los fundamentos de cada designación o remoción a una comisión del Congreso, que contará con 30 días para emitir opinión.
El nuevo ente tendrá autarquía, independencia funcional y presupuestaria, además de plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. Su sede estará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La creación de este organismo se enmarca en el plan del Gobierno de simplificación y desburocratización del Estado, y se suma a otras medidas orientadas a agilizar el funcionamiento del sector energético.