El régimen de exteriorización de capitales tuvo poca adhesión y vence esta semana. En el Congreso, avanza un proyecto para extenderlo por otros 90 días.
El blanqueo de capitales para la construcción llega a su fin con un resultado pobre que en el Gobierno atribuyen a las demoras en la implementación y en el sector privado vinculan, además, a la desconfianza.
Pero tendrá una segunda vuelta ya que esta semana, un proyecto con las firmas del titular de la cámara de Diputados, Sergio Massa, y del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, obtuvo dictamen de comisión para prorrogar los plazos por otros 90 días.
No hay datos oficiales ni estimaciones confiables sobre la exteriorización de capitales. En el sector privado sostienen que el 90% de quienes ingresaron al blanqueo lo hicieron en la primera etapa, en la que la tasa de penalización era de 5%. Ese primer tramo estuvo abierto por pocos días: desde la reglamentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el 27 de abril, hasta el 10 de mayo.
El fisco, a su vez, habilitó la web para cargar los proyectos inmobiliarios susceptibles de recibir fondos el 7 de junio. El viernes 9 de julio fue el último día para exteriorizar fondos, ahora con una alícuota de 20%. El proyecto de ley enviado al Congreso a fines de 2020 se votó el 24 de febrero.
En noviembre el ministro de Economía, Martín Guzmán, abrazó el blanqueo de fondos que le acercaron las cámaras de constructores y desarrolladores como una herramienta para dinamizar la inversión en ladrillos y, a la vez, agregar oferta de dólares alternativos.
La exteriorización permite ingresar dinero a través del dólar MEP o el “contado con liqui”. La demora en los plazos, dicen en el Gobierno, complicó la perspectiva de una herramienta que, según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), podía traccionar U$S5000 millones de la economía informal hacia la construcción y contribuir a bajar la brecha cambiaria.
Iván Szczech, presidente de Camarco, hizo hace unos meses un road show por bancos y estudios contables para buscar inversores. En paralelo, constructores y desarrolladores comenzaron a reclamar más plazo para la exteriorización.
“Por distintas circunstancias, la AFIP tardó en implementar este beneficio muy grande para la construcción, que hoy está prácticamente frenada”, dijo Alejandro Ginevra, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) y de GNV Group. “No hubo tiempo para comunicar los procedimientos, hubo que dar de alta en la AFIP las obras con hasta 50% de avance, todo eso fue tiempo que se perdió”, agregó.
Según desarrolladores, los interesados en blanquear serían personas físicas con niveles de ahorro para destinar en proyectos inmobiliarios de media o alta gama. Traducido: el incentivo que busca dinamizar la construcción no implicará una ampliación del mercado de viviendas para sectores medios, sino que es un vehículo de inversión.
Estos individuos no encontraron, sostienen, respuestas adecuadas en contadores y bancos. Tampoco hubo un impulso estatal marcado para publicitar el blanqueo. Y la desconfianza en la macroeconomía hizo su parte. Entre otras cosas, jugó en contra el Aporte Solidario y Extraordinario, dicen contadores.
Con todo, el blanqueo tendrá un partido revancha si el proyecto de Massa y Ritondo avanza en el Congreso. En el Ejecutivo descartaron, por el momento, un decreto de prórroga. El texto del Congreso prorroga los plazos por noventa días en cada una de las alícuotas, por lo que habría otros tres meses para exteriorizar dinero en negro al 5% de tasa.
Con el dólar paralelo desperezándose, puede ser una alternativa, aunque quienes trabajaron en la iniciativa admiten que, lejos del entusiasmo inicial, ahora traccionará dinero de personas que ya tengan decidido invertir en ladrillos y que esperan la ventana de oportunidad.
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