Tras fallar el Tribunal Oral Federal N°2 en contra de Cristina Fernández de Kirchner en ejercicio por la causa de Vialidad durante el cuarto gobierno kirchnerista, la Vicepresidente podría ser candidata en 2023.
A pesar de la condena a seis años de prisión en la causa por defraudación al Estado, se estima que la expresidente no irá a la cárcel por dos motivos: porque por su cargo tiene fueros de inmunidad de arresto y para que se los quiten debe pasar por un juicio político, además de que para que su arresto se concrete, la sentencia debe quedar firme para que comience a cumplirse. Para este último punto, debe pasar por otras instancias judiciales.
Al ser la condena de cumplimiento efectivo, quedará en condiciones de ejecutarse cuando pase por dos instancias judiciales más: la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A estas causas se le suma que, en sus alegatos, Diego Luciani y Sergio Mola, fiscales federales, no solicitaron la detención de la titular del Senado cuando pidieron que sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Si la Corte deja firme la condena, Cristina Kirchner deberá cumplirla. Si es a prisión se abre la instancia para considerar que sea domiciliaria, ya que cumplirá 70 años en febrero.
En caso que Cristina Kirchner esté ocupando un cargo electivo -presidenta, vicepresidenta, diputada o senadora- se abrirá una instancia de discusión política. Se deberá iniciar un proceso de juicio político para que le quiten los fueros. Eso también en caso que la condena sea para que no pueda ejercer más cargos públicos.
El Juicio
El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
“Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Luciani en el inicio de sus alegatos.
El fiscal dio por probado que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y que, a pesar de eso, fue el único empresario que cobró la totalidad.