El Gobierno nacional llamó a una licitación para comprar tierras privadas, en las que hará 50 mil lotes con servicios, destinados a los sectores populares. “En la Argentina no tenemos un problema de falta de tierras, sino un problema de distribución y calificación territorial. Eso es lo que queremos cambiar con estas políticas de generación de suelo urbano. Si el Estado no implementa políticas de acceso de este tipo es imposible que una familia de bajos ingresos compre un terreno. Eso trae como consecuencia los graves problemas de hacinamiento que existen en los barrios populares”, dijo Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana.
Esta es la primera licitación que se hace a privados desde la creación de la Secretaría, que ya tiene proyectos similares más avanzados en terrenos fiscales. La compra será financiada con el Fondo de Integración Socio Urbana, que recibió un 15 por ciento del Aporte a las Grandes Fortunas y al que está destinado, también, un 9 por ciento del impuesto al dólar PAIS.
“Planificar la urbanización es adelantarse a la toma de tierras y sus problemas posteriores, como la existencia de barrios que se asentaron en zonas no aptas, por ejemplo, inundables. En ese sentido la creación de lotes con servicios es parte del derecho constitucional a la vivienda. Con ella se pueden evitar muchas de las carencias de infraestructura que sufren en los barrios populares, donde una vez que la zona está edificada de manera irregular, resulta más difícil llegar con los servicios de agua, cloacas o pavimentación”, señaló Miño.
Detalló que, si bien la licitación es para todo el país, el Área Metropolitana de Buenos Aires es la que concentra el mayor número de familias sin acceso a la tierra urbana.
La compra apunta tanto a terrenos baldíos como a urbanizaciones que hayan quedado inconclusas.
Para adquirir un lote habrá que inscribirse en un registro único de solicitantes que será creado por la secretaría, que funcionará en la órbita del ministerio de Desarrollo Social. Su titular, Juan Zabaleta, presentará públicamente el programa en los próximos días.
La Secretaría de Integración Socio Urbana fue creada por impulso de los movimientos sociales que hoy integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que realizaron un censo de los barrios populares y en 2018 consiguieron sancionar una ley que obliga al Estado a urbanizarlos.
Entre sus líneas de intervención está la urbanización de más de cuatro mil barrios ya registrados, a los que no llegan los servicios y la Secretaría tomó como prioritario dotarlos de redes de agua potable. Una segunda línea de trabajo es el programa Mi Pieza, que otorga subsidios destinados a hacer refacciones o mejoras dentro de las viviendas de los barrios populares.