El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se reanudará este lunes.
El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados, se reanudará este lunes con el inicio del alegato de fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.
Tras el receso judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, escuchará al fiscal de juicio Diego Luciani, quien ya anticipó que expondrá durante nueve audiencias, a razón de tres por semana.
En la causa en la que se la investiga por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, Luciani intentará demostrar su acusación contra la vicepresidente como “jefa de una asociación ilícita” y por “defraudación al Estado”.
En Comodoro Py sostienen que se trata de una de las causas de mayor envergadura en materia de corrupción, con un expediente de tres toneladas de documentación, más de cien testigos y 120 audiencias. Además, hay 51 licitaciones bajo análisis, $46.000 millones de partida presupuestaria y embargos por más $ 100.000 millones.
La imputación sostiene que existió una “organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez“.
En mayo de 2019, la expresidenta se sentó, por primera vez, en el banquillo de los acusados, y este lunes el fiscal iniciará con sus alegatos. La incógnita es qué elementos pondrán arriba de la mesa para acusar a Cristina Kirchner.
La fiscalía tiene el peso de ser la única acusación que queda contra CFK después de que la Oficina Anticorrupción se retirara del juicio y de que la Unidad de Información Financiera (UIF) pidiera hace dos semanas la absolución de la ex presidenta. Si Luciani no acusa, quedará absuelta. Pero casi nadie apuesta a que eso ocurra, por lo que la expectativa es que pida que sea condenada: “Va a ir a fondo” especuló un juez con rango de camarista que conoce al fiscal.
El fiscal se maneja desde hace semanas con mucho hermetismo sobre lo que hará en su alegato. En la hoja de ruta que trazaron los jueces del TOF 2, la idea es que haya veredicto antes de fin de año.
Junto con Cristina Kirchner y Báez están siendo juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Las pruebas
Todo indicaría que los fiscales sostendrán la acusación basándose en el peritaje oficial en el que dos de los tres peritos concluyeron que hubo sobreprecios a favor de Báez.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo durante la investigación que la obra pública vial fue “el medio propicio para obtener dinero del Tesoro Nacional” y que “convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad”.
La Justicia determinó que la evolución del activo de la empresa que ganó 51 licitaciones, en tan sólo 11 años fue de un 42.678%, si se toma en cuenta que el primer año de funcionamiento Austral tuvo un activo por 4 millones de pesos y en 2014 superó los $1.700 millones.
Otro de los conceptos que estructuran la acusación habla de una “matriz de corrupción” donde todos cumplieron un rol que permitió “un éxito continuo y permanente del plan delictivo concertando sucesivos proyectos para hacerse ilícitamente de los fondos públicos”.
A las irregularidades administrativas, se sumó el caso reiterado de “simulación de la competencia de precios, para asegurarle la adjudicación al Grupo Báez”: competían en algunos casos, sólo empresas del holding, el triunfo estaba garantizado.
La UIF pidió la absolución
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución de la ex mandataria al no poder “acreditarse la existencia de un fraude”. “No se cuenta en el debate con el grado de certeza suficiente para afirmar la existencia de sobreprecios en las obras analizadas”, sostuvo el abogado de la UIF, Leandro Ventura, al descartar una acusación semanas atrás.
Durante estos días, el organismo mantuvo en secreto hasta ahora la renuncia de su vicepresidenta, Luna Montes, quien el día anterior al alegato, el domingo 10 de julio, presentó un escrito en el que aseguraba dejar el cargo por razones personales, pero fuentes indicaron a La Nación que el motivo fue no estar de acuerdo con el alegato.